Las Comisiones del Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otras leyes del país, con el provisto de prohibir la figura de subcontratación de personal o outsourcing para sustituirla por la figura de subcontratación de servicios especializados.
El dictamen se aprobó con 50 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, por lo que fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de baja para someterse a la discusión y eventual aprobación del pleno.
El gobierno federal y representantes obreros y empresariales alcanzaron un acuerdo el pasado 5 de abril para regular la figura de la subcontratación de personal en las empresas, un tema de especial interés para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dictamen aprobado este martes en comisiones, que retoma el acuerdo tripartita de la semana pasada, elimina de las leyes mexicanas la figura de la subcontratación de personal o outsourcing.
En su lugar se crea la figura de “subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica principal de la empresa que contrate dichos servicios”, que estará restringida solo para labores específicas y que no atiendan a la materia de trabajo más importante de la empresa contratante.
La nueva regulación especifica que las empresas que quieran operar como proveedores de servicios especializados para otras empresas tendrán que registrarse ante un padrón que administrará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Para darse de alta, será necesario que las empresas solicitantes estén al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
El dictamen también menciona que la prestación laboral conocida como participación en las utilidades de las empresas estará limitada a un monto máximo equivalente a tres meses del salario del trabajador o bien al promedio de la participación que recibió el trabajador en los últimos tres años. Se tomará la opción que resulte más favorable al empleado.
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A la empresa que ofrezca el servicio de subcontratación de servicios especializados sin estar registrada se le aplicará una multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Asimismo, la empresa beneficiaria del servicio será multada.
Los diputados agregaron al dictamen que la figura de subcontratación de personal o outsourcing también quedará prohibida en el sector público.
GC
