Fitch Ratings advirtió este lunes que aprobar la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría traducirse en “implicaciones crediticias significativas” para proyectos privados de energía.
En un análisis, la agencia precisó que si la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se llega a convertir en ley, resultará en “acciones de calificación negativas” para la competencia de la empresa pública, toda vez que se cancelarían todos los acuerdos privados de compra de energía.
“Podría debilitarse aún más el estado de derecho de México y puede desalentar futuras inversiones privadas en el sector.
“(Igualmente), los inversionistas extranjeros, de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México, podrían impugnar en tribunales de arbitraje internacional, ello, en un esfuerzo por proteger sus inversiones y recibir una compensación monetaria”, alertó la calificadora.
En su publicación, Fitch recordó que para revertir las reformas energéticas aprobadas en 1992 y 2013, el proyecto de AMLO tendrá que ser ratificado por dos tercios de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de forma que Morena deberá asegurar votos de partidos de oposición, “lo que hace poco probable su aprobación”.
No obstante, si se avala, desencadenaría eventos de incumplimiento, al cancelar contratos con la iniciativa privada, además, aceleraría la deuda de la mayoría de los proyectos, pues aún “no está claro si los pagos por la terminación de los acuerdos serían exigibles”.
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A lo anterior se sumaría una disminución de la transparencia y la competencia en el sector, pues la iniciativa propone desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con lo que “ya que no habría árbitros autónomos que equilibren el poder de mercado entre los participantes”.
Adicionalmente, se cancelarían los Certificados de Energía Limpia, “eliminando uno de los principales mecanismos para promover nuevos proyectos de generación de energía limpia en México”.
“La reforma eléctrica también pondría toda la cadena de suministro eléctrico del país (generación, transmisión, distribución y suministro) bajo el control de la CFE, poniendo fin a la autonomía del operador independiente del sistema del país”.
Con los cambios, la Comisión tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo, a un nivel “suficiente para satisfacer la demanda del país”.
“Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten.
“Asimismo, es posible que se requieran aumentos de tarifas para los usuarios finales y/o subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales de la CFE”, previno la agencia.
Finalmente, la calificadora retomó que la iniciativa de reforma eléctrica busca limitar a 46% la participación privada en la generación de electricidad del país, que ahora es de cerca de 60%, lo que “no sólo introduciría incertidumbre en la demanda y los precios futuros, sino que también podría resultar en flujos de efectivo más volátiles, lo que socavaría la emisión de deuda a largo plazo”.
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