La eventual aprobación de la reforma en materia de industria eléctrica provocará pérdidas económicas de hasta 20 veces el monto de las inversiones privadas que ha recibido el país en el sector, advirtió la organización International Chamber of Commerce México (ICC México).

La iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, en los cuales no se plantea directamente la expropiación de las plantas e instalaciones de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que participan en la industria eléctrica; sin embargo, las modificaciones tienen efectos similares, aseguró Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión del ICC México.

En conferencia de prensa, la representante empresarial advirtió que los particulares harán uso de todos los recursos legales que tengan a su alcance para defender sus intereses, por lo que pueden interponer denuncias en México, así como arbitrajes internacionales, entre otros.

“Se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma”, dijo Gabriela Álvarez.

La especialista recordó que, al plantear la cancelación de todos los permisos y contratos de los privados en materia de producción, compra-venta de electricidad, esquemas de autoabasto y la cancelación de los certificados de energía limpia (CEL), la reforma se traduce en los hechos en una expropiación.

En este sentido, las empresas que se vean afectadas pedirán las indemnizaciones correspondientes. Estas compensaciones estarán calculadas en función del monto de las inversiones de cada proyecto, las ganancias que se esperaban obtener y los precios de los energéticos, explicó la especialista.

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De ahí que las indemnizaciones pueden alcanzar montos de 10 veces o hasta 20 veces las inversiones que hicieron los agentes privados, consideró Gabriela Álvarez.

Cálculos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refieren que, al momento presente, los proyectos de inversión impulsados por el sector privado en la industria eléctrica nacional alcanzan un valor aproximado de 44,000 millones de dólares (mdd).

La experta recordó que las demandas, sobre todo las internacionales, pueden tardar unos tres o cuatro años, por lo que el pago de las compensaciones que deba hacer el gobierno mexicano no los pagará la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, quien promovió el proyecto de reforma, sino que serán compromisos que heredará la siguiente administración.

GC