En caso de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende revertir la apertura de la industria eléctrica a la iniciativa privada, afectará a las inversiones de particulares que hasta el presente alcanzan un monto de 44,000 millones de dólares (mdd), entre plantas de energías renovables y plantas de producción convencional.

“Es muy importante que los legisladores lo tomen en cuenta con altura de miras, no solamente como un compromiso político, sino cuáles son las consecuencias importantes para nuestro país”, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En una conferencia de prensa virtual, para establecer el punto de vista del empresariado mexicano sobre la propuesta de reforma constitucional, Salazar Lomelín expuso que sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como empresa productiva del Estado, pero aclaró que “este interés debe estar alineado con la ley”.

La reforma de López Obrador pretende asignar a CFE 54% del mercado de generación del país, así como cancelar los contratos establecidos con el sector privado y desparecer los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otras disposiciones.

Sin embargo, en una abierta oposición al proyecto, Carlos Salazar criticó que la iniciativa de ley no define reglas para entrega de electricidad, ni de precios, lo que “va en contra de los compromisos tomados con inversionistas en el pasado”.

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“He sido insistente en que al CCE no le gusta usar a los jinetes del Apocalipsis para anunciar catástrofes”, refirió el representante empresarial para defender sus argumentos.

Sin embargo, expuso que la desaparición de los organismos reguladores es una mala señal, ya que estas instituciones se han encargado de mediar entre los intereses públicos y privados y de atender las irregularidades que pudieran detectarse en la operación del sistema eléctrico.

Carlos Salazar consideró que darle un papel preponderante a CFE como el principal generador y distribuidor de energía eléctrica en el país redundará en aumento de costos de producción, ya que actualmente, CFE gasta 1,403 pesos por mega watt hora (MWh), cuando los generadores de energías renovables gastan 406 pesos MWh y las plantas privadas de ciclo combinado emplean 800 pesos.

En promedio, los costos de producción del sector privado son de 700 pesos MWh contra 1,403 de CFE, lo que implica “una diferencia muy grande”, dijo Salazar Lomelín.

En aras de mantener precios bajos a la población, como ha prometido el gobierno federal, las arcas públicas lo van a resentir por los elevados subsidios que se tendrán que pagar para evitar que los altos costos de producción se trasladen a las tarifas eléctricas para los consumidores.

Violaciones al T-MEC

En la conferencia, que se transmitió vía remota, Carlos Salazar también advirtió que la reforma eléctrica de López Obrador contradice los capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la medida que sugiere dar un trato diferenciado a las empresas privadas extranjeras respecto a las empresas nacionales, en este caso CFE.

En caso de aprobarse la reforma, México tendrá que aplicar medidas que compensen estas violaciones al T-MEC, como abrir nuevos sectores a la inversión privada y extranjera.

Ante otros representantes empresariales que también se sumaron a la conferencia –como Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)—, Carlos Salazar manifestó que un sistema eléctrico impulsado principalmente por CFE, como plantea la forma implica dar preferencia a las energías fósiles para generar electricidad, lo que tendrá un grave impacto para el medioambiente y la salud.

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Según datos que proporcionó el CCE, las plantas de CFE tienen una antigüedad promedio de 40 años, cuando las del sector privado tienen 10 años. Además, varias de las plantas de la empresa productiva del Estado utilizan combustóleo, un insumo altamente contaminante.

De permitirse esta situación se “incrementarán las emisiones de carbono” en México, lo que violará “convenios extranjeros, pero también nacionales”.

Carlos Salazar hizo un llamado a los legisladores a no aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica y a ponderar sus consecuencias para la economía, el medioambiente y el clima de negocios del país.

GC