La iniciativa de reforma en materia de pensiones que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador implica un retroceso de 25 años para México, esto es volver al esquema de jubilaciones de reparto o también llamado régimen solidario, el cual ya no existe y que es inviable en el momento presente.
Así lo consideró Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), sobre el proyecto de reforma constitucional en materia de pensiones por jubilación que el mandatario presentará formalmente el 5 de febrero.
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De momento no se conocen los detalles de la iniciativa de ley, pero a través de los comentarios que ha adelantado el mandatario, se sabe que el proyecto está encaminado a garantizar que los trabajadores se retiren con una pensión equivalente a 100% de su último salario, para lo cual el gobierno tendrá que participar como otro aportante de las cuotas obrero-patronales, en aras de que los ahorros sean suficientes.
López Obrador ha dicho que no pretende desaparecer las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), ni expropiar los ahorros de los trabajadores, ni aumentar las cuotas obligatorias del patrón y menos aún modificar los requisitos de los trabajadores como la edad mínima para el retiro.
En lo que ha insistido el mandatario es en una posible contribución con cargo al gobierno como un tercer aportante de los ahorros de los trabajadores, para lo cual ha dicho que funcionarios de su administración realizan los cálculos pertinentes.
Por esta referencia a la contribución del gobierno, especialistas en finanzas como los del IMEF consideran que la iniciativa de ley en materia de pensiones pudiera introducir un esquema mixto, en el que convivan el régimen solidario –una bolsa general que se financia con aportaciones de trabajadores en activo, para repartir dinero a los jubilados— con el régimen de cuentas individuales que está vigente y que consiste en que las aportaciones obrero-patronales de cada trabajador se depositan en su cuenta personal.
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Sin embargo, la duda está en saber si el gobierno federal dispone de una fuente de ingresos suficientes para hacer esas aportaciones complementarias.
“La propuesta de reformar al sistema de pensiones, anunciada por el gobierno federal para lograr una pensión de 100% del salario implica un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados”, aseguró Corona Lara, en conferencia de prensa.
El especialista recordó que antes de 1997, cuando se creó el sistema de las Afore, el gobierno mexicano enfrentaba un déficit actuarial para cubrir las pensiones que llegó a un equivalente de 128.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, los trabajadores de esa época no se jubilaban con una pensión de 100% de su sueldo, ya que sus aportaciones obrero-patronales eran bajas, equivalentes a 8.8%, y también se mencionaba en esa época que era necesario elevar las contribuciones a un nivel aproximado de 23.3% del salario.
En la conferencia, José Domingo Figueroa Palacios, presidente del IMEF, consideró que si bien es deseable que los trabajadores puedan jubilarse con una mejor pensión que la que perciben actualmente, la manera más viable de resolverlo consiste en estimular más el ahorro voluntario de los trabajadores que ya tienen su cuenta de Afore.
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De esa manera, las aportaciones serán mayores y la bolsa de ahorros permitirá obtener una pensión más alta.
Otro mecanismo consiste en abrir el esquema de las Afore a los trabajadores que laboran por su cuenta y a los que se encuentran en el sector informal de la economía, que no están registrados en la seguridad social.
“Para tener una pensión mayor, una de las principales preocupaciones que se tienen que atender es la desigualdad y la informalidad”, aseguró Figueroa Palacios.
Actualmente, unas 30 millones de personas laboran en la informalidad, quienes no están registrados en la seguridad social y no generan ningún ahorro para cuando lleguen a la edad de jubilarse.
GC
