Una próxima reforma en materia de competencia económica deberá insertar claramente a las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), dentro el marco legal de competencia económica, ya que deben considerarse como agentes económicos que igualmente ofrecen bienes y servicios en el país.

La representación en México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) reconoce que las iniciativas actualmente en discusión en el Congreso de la Unión para reformar la Ley Federal de Competencia Económica avanzan en una dirección correcta; no obstante, consideró que existen áreas de oportunidad que, de ser atendidas, podrían robustecer aún más el marco institucional de competencia en México.

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En el Congreso de la Unión está pendiente una reforma para crear un nuevo organismo, que se llamará Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se encargará de regular el cumplimiento de las reglas de competencia de las empresas de todas las ramas de actividad productiva.

Este cambio también tendrá implicaciones sobre la regulación y las penalizaciones a las empresas incumplidas.

Después de analizar la propuesta del gobierno federal y las propuestas de legisladores, el ICC México enlistó los aspectos que deberá considerar la reforma, en aras de garantizar una competencia justa entre actores económicos.

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1 Blindaje de la autonomía técnica del nuevo organismo de competencia, evitando interferencias políticas o empresariales.

2 Nombramientos escalonados de comisionados cada dos años, con perfiles técnicos, designados por diferentes titulares del Ejecutivo.

3 Inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, para evitar distorsiones competitivas.

4 Certeza jurídica mediante criterios interpretativos emitidos por la nueva autoridad.

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5 Multas con criterios sectorizados y transparentes, siguiendo experiencias internacionales.

6 Aprovechamiento del capital humano especializado de la Cofece y el IFT.

7 Mejor coordinación interinstitucional, especialmente en telecomunicaciones y transformación digital.

8 Precauciones en demandas por daños, evitando que se basen solo en decisiones administrativas.

9 Claridad conceptual, especialmente en términos como “competidor potencial” o “limitar indebidamente”.

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10 Renovación del programa de inmunidad, especialmente en compras públicas.

11 Extensión del privilegio abogado-cliente a abogados internos.

12 Certificación independiente de programas de cumplimiento, fuera del área de investigación.

13 Mejor diseño de medidas cautelares, con posibilidad de levantamiento bajo caución.

14 Transitorios redactados con claridad, para evitar incertidumbre legal y operativa.

GC