En su batería de reformas constitucionales y a leyes secundarias, el gobierno federal pretende garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo de las familias de más escasos recursos, al permitir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la construcción de desarrollos habitacionales.

Este proyecto de ley, que pretende modificar el artículo 123 constitucional, despierta escepticismo, ya que implica un regreso a décadas pasadas, cuando el Infonavit impulsó desarrollos habitaciones, y además no se habla del presupuesto que deberá recibir el Instituto para edificar casas-habitación, refirió el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara baja y uno de los legisladores más visibles de la oposición.

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“El PAN siempre estará dispuesto a aprobar las leyes que beneficien a la población, pero habrá que hacer un análisis muy riguroso de esta y de las demás 20 reformas que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión”, comentó el diputado en entrevista de radio, quien reconoció que el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión resultará insuficiente para procesar todos los proyectos de ley.

El proyecto de reforma de López Obrador en materia de vivienda, no solo plantea que el Infonavit esté habilitado para construir inmuebles, sino que también pueda ofrecer en renta las casas a los trabajadores, a un precio razonable.

Sin embargo, la “renta social” no podrá superar un monto equivalente a 30% del salario que perciban los trabajadores.

Un requisito será que los solicitantes deberán haber cotizado un año por lo menos dentro del sistema de seguridad social; además de que se dará preferencia a las familias de más bajos ingresos y que carezcan de vivienda propia.

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Al cabo de 10 años de “renta social”, el trabajador tendrá la opción de adquirir la vivienda a “un precio justo”, ya que se deberá tomar en cuenta el tiempo que se pagó el arrendamiento del inmueble.

Jorge Romero consideró que si bien el fin último de la reforma tiene un enfoque social, para atender las necesidades de vivienda de las familias de más escasos recursos, será necesario revisar con cuidado la iniciativa, ya que restituir como antaño al Infonavit la facultad de construir casas puede implicar mayores presiones a las finanzas públicas.

Asimismo, el Infonavit verá aumentar su carga de trabajo —actualmente constituye la principal hipotecaria del país— lo que puede derivar en burocracia e ineficiencia.

En la década de 1990 se modificó la Ley del Infonavit, para concentrar las funciones del organismo en la prestación de servicios de financiamiento hipotecario a los trabajadores.

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En ese entonces, se consideró que el Instituto no podía ser eficiente en la construcción, además de que las viviendas no siempre eran del agrado de los beneficiarios, por lo que se decidió dejar en manos de privados la edificación de desarrollos habitacionales y que los trabajadores eligieran el lugar y la vivienda de su preferencia. (Con información de Radio Fórmula)

GC