La reforma al Poder Judicial puede entrar en conflicto con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que el pacto comercial exige juzgados imparciales e independientes para dirimir conflictos entre los agentes económicos entre sí o bien entre los agentes económicos y el sector público.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que la designación de jueces, magistrados y ministros con base en un nuevo proceso de elecciones por sufragio popular implicará el grave riesgo de comprometer el criterio de los juzgadores a la influencia de grupos de poder o bien de los votantes que les dieron su respaldo.
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En este sentido, se vulnerarán los capítulos del T-MEC, advierte el Imco en su reporte “México y América del Norte, los riesgos de las reformas constitucionales de 2024”.
Según el Instituto, la reforma constitucional al Poder Judicial va en contra del capítulo 14 del Tratado, el cual se refiere a que los países socios deberán dar un “trato justo y equitativo a los inversionistas en los procesos judiciales, penales, civiles o contencioso-administrativos”.
Otro capítulo que se vulnera es el 23 sobre asuntos laborales, en el sentido de que deben garantizarse “tribunales judiciales, cuasi judiciales y laborales para la aplicación de las leyes laborales, los cuales tienen que ser imparciales e independientes”.
Asimismo, el capítulo 29, sobre publicación y administración, también puede ser objeto de incumplimientos para México, ya que establece que deben existir “tribunales o procesos judiciales, cuasi judiciales o administrativos que sean imparciales e independientes de las autoridades encargadas de los procesos administrativos en el país”.
Por lo anterior, México se expone a serias reclamaciones de sus socios, Estados Unidos y Canadá, al considerar que sus empresas establecidas en nuestro país no reciben un trato equitativo, justo e imparcial, con lo que corren un alto peligro de enfrentar resoluciones arbitrarias que afecten sus operaciones.
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En 2026, con motivo de la revisión del T-MEC, las representaciones de Estados Unidos y Canadá seguramente pondrán sobre la mesa la reforma al Poder Judicial de México.
Si bien la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que ya ha entrado en fase de aplicación, existen otros proyectos de reforma que igualmente pueden afectar a relación comercial y de inversiones de México con Estados Unidos y Canadá.
Este es el caso del proyecto para desaparecer siete organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo cual todavía está pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión.
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“La desaparición de los siete organismos afecta la arquitectura institucional y genera desequilibrios al incrementar la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo. Además, la eliminación de los organismos tiene potenciales conflictos directos con ciertas disposiciones del T-MEC”, advierte el Imco.
Ahí está el capítulo 18 del Tratado, relativo a telecomunicaciones el cual establece que se debe “asegurar la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente imparcial y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones”.
También México puede incurrir en incumplimiento en el capítulo 21, sobre políticas de competencia, el cual habla de “una autoridad o autoridades nacionales de competencia que sean responsables de la aplicación de las leyes nacionales de competencia”.
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En tanto que el capítulo 22, sobre empresas de propiedad del Estado y monopolios designados, igualmente puede ser causa de reclamaciones para México, porque se ordena la existencia de organismos administrativos que regulen el sector energético y a las empresas del Estado.
El Imco asimismo advierte que, más allá de los mandatos del T-MEC, México se arriesga con estas reformas a retroceder en materia de competencia a nivel internacional, ya que el mercado nacional parece menos confiable a la mirada de los inversionistas y demás actores económicos.
GC
