El proyecto de reforma administrativa del gobierno federal, que pretende modificar 23 leyes secundarias, provocará el encarecimiento de los costos de los proyectos de infraestructura, así como la proveeduría de bienes y servicios al sector público, debido que será más riesgoso para las empresas hacer contrataciones con el gobierno.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Poder Legislativo a no aprobar tal como está la reforma administrativa que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados a fines de marzo pasado.
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De esta manera, el sindicato patronal se sumó a otras organizaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Internacional de Comercio México (ICC Mexico en inglés), que han rechazado los planeamientos de la reforma administrativa, al considerar que atentan contra la Constitución de la República y los acuerdos comerciales formados por México, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Entre otros aspectos, el proyecto de reforma en materia administrativa faculta al gobierno federal a cancelar contratos con proveedores privados de bienes y servicios de manera anticipada y sin pago de indemnizaciones, por causas de “interés público”.
Asimismo, la iniciativa pretende imponer una “cláusula exhorbitante” en todos los contratos para que, en caso de ser procedentes, las indemnizaciones que deba pagar el gobierno a los privados estén limitadas y no se adquiera el compromiso de pagar compensaciones “desproporcionadas”.
“Rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias que, de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del gobierno en una situación de desventaja, debido a la cláusula exhorbitante que da prioridad al Estado y que, en el mediano y largo plazo, hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales”, consideró Coparmex en un comunicado.
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La capacidad que tendrá el gobierno para terminar contratos de manera anticipada será una “mala señal” para los mercados internacionales, ya que dejará ver que “en México no se respeta el Estado de derecho, ni los tratados comerciales internacionales, entre ellos el T-MEC”.
En este sentido, advirtió Coparmex, “podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá”.
El proyecto de reforma igualmente propone que el gobierno federal pueda hacer contrataciones de bienes y servicios en los mercados internacionales, de manera directa, sin necesariamente haber agotado un proceso de licitación pública en el mercado nacional.
De esta manera, “no solo dejan de apoyar al sector (privado) nacional, sino que se corre el grave riesgo de adquirir productos o servicios de baja calidad, lo que además afectará a los ciudadanos y consumidores finales”, concluyó Coparmex.
GC
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