El gobierno federal defendió la reforma a la Ley de Amparo —aprobada en el Congreso de la Unión— al acusar que se ha desatado una campaña de ataques para desvirtuarla y negó que los cambios hechos al juicio de garantías vayan en contra de los derechos de la inversión privada, como advirtió la agencia calificadora Fitch Ratings, en un análisis.
“No va en contra de ninguna manera de la inversión; al contrario, hace mucho más eficiente la aplicación de la justicia”, aseguró la mandataria en su conferencia de prensa de todas las mañanas.
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Claudia Sheinbaum desmintió las versiones de la oposición y de abogados constitucionalistas en el sentido de que las reformas incluyeron una noción de retroactividad “disfrazada”, ya que las nuevas disposiciones presuntamente se aplicarán en las etapas posteriores de los juicios de amparo que se encuentren activos cuando entren en vigor las reformas.
“O mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad es así de sencillo, llano y claro”, acusó la mandataria.
Fitch Ratings comentó en un reciente análisis que las reformas a la Ley de Amparo aumentan el riesgo regulatorio de las empresas que invierten en México, ya que se redefine el concepto de interés legítimo para impugnar un acto de gobierno, además de que también restringe la medida cautelar de la suspensión del acto reclamado en lo que concluye el juicio.
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La agencia calificadora destacó que la reforma impide las suspensiones en los casos de concesiones, autorizaciones, licencias y demás permisos a las empresas privadas, lo que eleva el riesgo de que las empresas puedan enfrentar decisiones de gobierno arbitrarias.
Esta situación eleva la exposición de empresas altamente dependientes de autorizaciones del gobierno, como las empresas mineras, energéticas, de telecomunicaciones y de infraestructura.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia de la República, insistieron en que las reformas agilizan el juicio de amparo, ya que los solicitantes podrán iniciarlo a través de internet, además de que se reducen los plazos para llegar a sentencia.
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Arturo Zaldívar cuestionó las críticas, al sugerir que proceden de personas que abusan del juicio de amparo, para sustraerse de sus responsabilidades legales.
“El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”, dijo Zaldívar Lelo de Larrea.
GC
