Las reformas a la Ley de Amparo pueden elevar el riesgo regulatorio de México y reducir la previsibilidad para las empresas, ya que los negocios pueden estar más expuestos a tener “fricciones con la autoridad”, advirtió Fitch Ratings, agencia calificadora de deuda.
Lo anterior, debido a que las modificaciones limitarán la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos y restringirían las medidas de protección legal, lo que afectaría a sectores clave de la economía, refirió la agencia en el reporte “La iniciativa de reforma en materia de amparo puede elevar el riesgo regulatorio para empresas y para proyectos de infraestructura”.
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Como se ha informado, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy el proyecto de ley y lo turnó al Senado de la República para ratificar unos cambios que hizo al dictamen que en su momento aprobaron los senadores.
Según Fitch, la iniciativa tendrá repercusiones en una amplia gama de actividades económicas y puede tener implicaciones crediticias negativas, que serán evaluadas caso por caso.
Los sectores energético, de transporte, de telecomunicaciones, minero y de infraestructura se encuentran entre los más vulnerables, por depender de licencias, autorizaciones y concesiones que otorgan las entidades de gobierno.
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La propuesta fue enviada apenas la noche del pasado 15 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, y recibió un trato preferente por los legisladores, ya que en el transcurso de un mes fue aprobada.
Fitch destaca que la reforma a la Ley de Amparo prohíbe la suspensión de actos administrativos cuando las autoridades revoquen permisos, concesiones o autorizaciones.
Además, se limitan los efectos de las suspensiones del acto reclamado al solicitante y restringe la participación de terceros con interés legítimo.
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Históricamente, las empresas en México han utilizado el recurso de amparo para detener temporalmente acciones gubernamentales percibidas como violatorias de derechos.
Fitch advirtió que “reducir las medidas suspensivas podría dejar a las compañías con menos recursos prácticos frente a decisiones abruptas de política pública o de administración, lo que a su vez podría afectar la competitividad y la inversión”.
“La reforma dejará a los emisores, cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales, más vulnerables a fricciones con las autoridades y con menos protección fiable contra decisiones unilaterales”, consideró la agencia.
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Fitch agregó que una mayor exposición a medidas administrativas adversas podría interrumpir operaciones, retrasar proyectos, reducir ingresos y presionar la rentabilidad.
A largo plazo, es factible que se frene la inversión y se amplíen los diferenciales crediticios para las empresas más expuestas a decisiones discrecionales.
Aunque la ley no se aplicará de forma retroactiva, lo que mitigará algunos impactos inmediatos, la calificadora destacó que las consecuencias dependerán del grado de exposición de cada empresa y serán evaluadas individualmente si se requiere la presentación de un amparo.
GC
