La petición de empresarios distribuidores de gas LP de permitir la liberación del precio del combustible no es viable, ya que una medida de este tipo puede afectar la economía familiar.
Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al recordar que el gobierno federal impulsó desde la pasada administración un tope de precios al gas LP, con el propósito de que no aumentara de manera exagerada.
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“El precio del gas LP debe tener un precio razonable, que permita ganancias al gasero, pero que sea un precio que permita a las familias, todas las que usan gas LP, que no estén pagando de más”, comentó Sheinbaum Pardo
La mandataria también refirió que el precio del gas LP que se vende en el país refleja los precios internacionales del combustible, los costos de transporte, las diferencias regionales entre los estados y las ganancias de los distribuidores, por lo que no se justifica la insistencia en el sentido de que se libere el precio.
“No es un subsidio, es un precio máximo, establecido a partir de una fórmula que limita que los gaseros y los comercializadores de gas LP pongan precio sin ningún límite. Entonces, vamos a seguir con la misma política”, insistió Claudia Sheinbaum.
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La mandataria explicó que en otros casos, como las gasolinas y el diésel, el gobierno federal contribuye a la estabilización de precios mediante un apoyo fiscal, que se ofrece a los grandes comercializadores, en aras de que las estaciones gasolineras no ofrezcan la gasolina a precios elevados.
“En la gasolina, el diésel, en otros casos, se subsidia a partir del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) si llega a haber un aumento importante en los combustibles”, dijo Claudia Sheinbaum.
“Pero en el caso del gas LP, yo viví las negociaciones con los gaseros —cuando fui jefa de gobierno— incluso ayudamos, porque había mucha repartición no registrada. Se les va a seguir apoyando, pero nosotros tenemos una responsabilidad con la economía familiar”, concluyó la mandataria.
Como se recordará, el acuerdo Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) contiene dentro de sus principales medidas la política de precios máximos para el gas LP y la aplicación de apoyos fiscales a las gasolinas y el diésel.
GC





