El éxito del acuerdo del gobierno federal con productores de harina, masa y tortilla, para reducir el precio de este alimento a nivel nacional, dependerá de que los actores de la cadena productiva puedan coordinarse eficientemente.
El gobierno federal firmó ayer un acuerdo con los productores para lograr tres metas: en primer lugar, detener el aumento de precios de la tortilla en el país; en segundo, disminuir el precio 5% en el segundo semestre de este año, y tercero, hacer lo necesario para bajar el precio 10% hacia 2030.
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La empresa de consultoría Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) consideró que el “objetivo es alcanzable”, pero advirtió que “exige coordinación de toda la cadena productiva, ya que existen más de 110,000 tortillerías y molinos (en el país), tarea no fácil de realizar”.
En este sentido, “la meta de reducir 5% el precio de la tortilla es viable si participan todos los actores de la cadena molinos, harineras y tortillerías, ya que cada una tiene diferentes condiciones de mercado”, agregó GCMA, en un análisis sobre el acuerdo para bajar el precio de la tortilla.
GCMA consideró que actualmente los precios internacionales del maíz favorecen la disposición, ya que los contratos de derivados a nivel mundial han observado una contracción de 4%, además de que el peso mexicano se ha apreciado por la debilidad del dólar estadounidense.
Este hecho es relevante, porque México ha aumentado sus importaciones de maíz blanco —para consumo humano—, ante los efectos nocivos que ha tenido la sequía en el cultivo nacional del grano.
Actualmente, los precios nacionales del maíz blanco a granel se ha mantenido relativamente estable, en un rango de 6,400 pesos y 7,800 pesos por tonelada.
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El acuerdo anunciado ayer tiene el objetivo de disminuir al mínimo o eliminar a los intermediarios entre los agricultores de maíz y los fabricantes de tortilla para venta al consumidor final, para lo cual se plantea hacer una distribución directa de hasta 25,000 toneladas del grano.
Al respecto GCMA considera que dicha cantidad representa solo 2% del consumo nacional, “por lo que su impacto será limitado”.
En cambio, la empresa consultoría estimó como una propuesta útil que se ofrezcan 500 millones de pesos en créditos para la modernización de las tortillerías, ya que la compra de equipo contribuirá a la eficiencia y la productividad.
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Además, el acuerdo destaca la necesidad de retomar esquemas como Agricultura por Contrato, con uso de herramientas como coberturas de precios y tipo de cambio.
Y también se pretende fortalecer los precios de referencia y acuerdos de compraventa que otorgue certidumbre a productores, industria de la masa y de la harina, así como, comercializadores que atienden a la industria de nixtamal.
GCMA consideró que si bien es loable aspirar a mantener estableces los precios finales de la tortilla al consumidor, el gobierno federal y los productores deben considerar que los precios dependen de las dinámicas de oferta y demanda en el mercado.
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Por lo anterior, se debe evitar caer en la tentación de imponer precios subsidiados, como los de las Tiendas del Bienestar, debido a su alto costo para las finanzas públicas.
GC
