La Ley General de Economía Circular, publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y aplicable a partir de este martes 20 de enero, marca un cambio en las reglas bajo las cuales operan las empresas fabricantes e importadoras de productos en México, ya que asumirán responsabilidades sobre el impacto ambiental de sus operaciones, desde el diseño hasta la disposición final de los residuos.

La norma, de observancia general en todo el país, pretende reducir la generación de residuos sólidos, prolongar la vida útil de los productos y reincorporar materiales a los procesos productivos, en línea con los modelos internacionales de economía circular. 

Para el sector manufacturero, el principal cambio es la adopción formal del esquema de “Responsabilidad Extendida del Productor”, que obliga a las empresas a hacerse cargo del manejo, aprovechamiento y disposición final de los empaques y residuos derivados de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Uno de los elementos centrales de la nueva ley es la obligación de registrar una “Gestión Circular” ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Este registro deberá incluir metas claras, indicadores verificables y mecanismos específicos para el reciclaje, aprovechamiento o valorización de residuos, con énfasis en empaques y materiales de un solo uso. El cumplimiento de estas metas estará sujeto a reportes periódicos y a esquemas de seguimiento definidos por la autoridad ambiental. El incumplimiento podrá derivar en sanciones.

La ley también introduce criterios que afectarán la forma en que las empresas diseñan y colocan sus productos en el mercado. Entre ellos destaca el “diseño circular”, la “reparabilidad”, el uso creciente de “materias primas secundarias” y la “reducción gradual de materiales vírgenes”, siempre que sea técnica y económicamente viable.

Esto implica que los fabricantes deberán revisar sus procesos productivos y cadenas de suministro para cumplir con estándares ambientales más exigentes.

Para facilitar la transición, la legislación prevé una adopción gradual por sector productivo, lo que permitirá ajustar plazos y metas conforme a las características de cada industria.

La nueva ley también establece la creación del “Sistema Nacional de Economía Circular”, que coordinará a los tres órdenes de gobierno con el sector privado y social y será responsable de la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia.

También se pondrá en marcha una “Plataforma Nacional de Información”, que concentrará registros, indicadores y buenas prácticas de economía circular.

Además, la ley abre la puerta al otorgamiento de incentivos y estímulos fiscales, así como al “Distintivo Nacional de Economía Circular”, que permitirá identificar a los productos que cumplen con los criterios establecidos y que podrán tener ventajas en procesos como las compras gubernamentales.

Para las empresas, esto representa no solo una obligación regulatoria, sino también una oportunidad de diferenciación comercial y fortalecimiento de la competitividad.

En conjunto, la nueva Ley General de Economía Circular obliga al sector manufacturero a dejar atrás el modelo lineal de producir, usar y desechar y a asumir un papel más comprometido en la gestión del impacto ambiental.

El decreto sobre la publicación de la nueva Ley General de Economía Circular puede consultarse aquí.

GC