La iniciativa de reforma a la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá implicaciones crediticias para México, ya que sus disposiciones tienden a reducir la transparencia operativa del sector y a elevar la carga financiera de la federación para cumplir sus objetivos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, las evidentes restricciones a la participación del sector privado ahuyentarán la inversión de los particulares, sobre todo en energías renovables, aseguró en un análisis Moody’s, agencia calificadora de riesgo crediticio.

Moody’s considera que la intención de eliminar a los organismos reguladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), “afectará la confianza de los inversionistas porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector”, en la medida en la que dichas instituciones “proporcionan seguridad y estabilidad en el mercado”.

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Asimismo, la propuesta que López Obrador envió la semana pasada al Congreso de la Unión incluye la anulación de los certificados de energía limpia (CEL), lo que también debilitará la confianza de los inversionistas en el mercado mexicano y sus autoridades, específicamente en lo que se refiere a proyectos de energía renovable, agregó Moody’s.

En su análisis “La propuesta del presidente de México de reformar el sector eléctrico es negativa en términos crediticios”, la agencia destaca como un elemento riesgoso que el gobierno mexicano pretenda fortalecer el papel de la CFE como una institución central de la industria eléctrica.

Sobre todo, llama la atención que la iniciativa aspira a priorizar el despacho de energía de las plantas generadoras de CFE, varias de ellas que funcionan con combustibles fósiles, por encima de las centrales privadas de energía renovable y de ciclo combinado, las cuales operan con tecnologías limpias y a bajos costos.

“La medida desincentivaría la inversión en generación de energía renovable, lo que probablemente aumentará el precio de la electricidad”, consideró Moody’s.

De ser aprobada la reforma eléctrica en el Congreso, la calificadora advierte que los costos de producción de la electricidad aumentarán en el país, lo cual tendrá que ser compensado con subsidios del gobierno federal, en aras de impedir que dichos aumentos de costos se trasladen a las tarifas finales.

Sin embargo, Moody’s advierte que hoy día, la federación ya ha liberado amplios subsidios para mantener abajo los precios al consumidor. Además de que privilegiar las plantas de CFE para la generación de electricidad dejará más expuesta a esta compañía a la volatilidad de los precios y disponibilidad internacional del gas natural.

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Actualmente, 74% de la energía producida en México proviene de combustibles fósiles –gas natural, carbón y combustóleo—, de lo que el gas natural representa 81%. Sin embargo, 72% del consumo de gas se abastece de importaciones.

Asimismo, esta situación puede comprometer las finanzas de CFE, si se toma en consideración que, desde junio de 2021, las tarifas eléctricas deben aumentarse con base en la inflación y no a partir de los costos reales de producción, de modo que una eventual falta de liquidez de la compañía tendrá que ser atendida con el presupuesto de la federación.

“La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia”, refirió Moody’s.

La calificadora también destacó que la intención de limitar la participación privada en la industria eléctrica a 46% del consumo total implicará cancelar los permisos de generación de energía y los acuerdos de compra de energía entre CFE y los privados, así como invalidar a las plantas de autoabastecimiento del sector privado, a los productores independientes y a las plantas que se adjudicaron contratos a largo plazo mediante licitaciones.

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Sin embargo, “si se aprueba la propuesta, CFE compraría parte de la electricidad a las plantas privadas de energía existentes, según el despacho económico u orden de mérito y estaría sujeta a la confiabilidad del sistema, lo que podría desplazar la generación privada eficiente, renovable y de bajo costo”, concluyó Moody’s.

GC