Las aduanas del país lograron, de enero a julio de este año, una recaudación de 180,000 millones de pesos (mdp), cifra superior a lo esperado, gracias a la simplificación de trámites y la mejor fiscalización; pero a pesar de este logro, todavía existe espacio para elevar la retención de impuestos de las aduanas, por lo que se prepara una reforma en este ámbito.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la reforma a la Ley Aduanera procurará fortalecer la estructura de los recintos aduaneros del país, con el propósito de hacer responsables a todos los empleados y directivos sobre la gestión transparente de trámites del comercio exterior, en aras de evitar operaciones de corrupción.
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“Queremos que no haya corrupción, desde el servidor público a cargo, hasta los agentes aduanales que certifican lo que viene importado (…) Buscamos que haya corresponsabilidad desde el servidor público que está a cargo de una aduana hasta los agentes aduanales”, aseguró la mandataria, al referir que hasta el presente, los agentes aduanales no se consideran corresponsables de los casos sospechas de corrupción.
Asimismo, la reforma también hará más estricta la aplicación del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), para evitar que el sector privado abuse de él y evada el pago de impuestos.
“Se va a cambiar (el programa IMMEX) para que se garanticen las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Existen empresas dedicadas a la exportación que no pagan IVA. Sin embargo, la nueva Ley Aduanera limitará esa facilidad”, dijo Sheinbaum Pardo.
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Como se ha informado, las empresas dedicadas al comercio exterior importan mercancía extranjera, bajo el programa Immex, en forma temporal. De esta manera, las empresas se evitan pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio que se concede en el entendido de que esas compañías exportarán la mercancía final.
Sin embargo, existen empresas que importan bienes intermedios o incluso productos terminados, bajo el programa IMMEX, pero que ya no exportan la mercancía final, sino que la venden dentro de territorio mexicano. El gobierno federal considera esta práctica como un fraude fiscal.
GC
