La propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el viernes pasado, hará más complicado el ambiente de negocios del país, ya que plantea el recurso de expropiar a las empresas permisionarias, lo que va en contra de la Constitución y de los tratados comerciales firmados por México.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advierte que el clima de inversión en México ha quedado en entredicho por la aprobación de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica —la cual está suspendida por tribunales federales—, por lo que una reforma más en materia energética, que pretende cambiar las reglas para la participación del sector privado, jugará en contra del ánimo de los inversionistas.
Contrario a lo dicho por el gobierno federal, el Imco percibe riesgos de expropiación de instalaciones de las compañías privadas, en beneficio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el argumento de la seguridad nacional o la economía.
La iniciativa “dota de facultades discrecionales a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen una riesgo”, advierte el Imco en un análisis sobre la iniciativa presidencial.
La propuesta de reforma plantea que la Sener y la CRE podrán suspender los permisos emitidos a los privados que participen en todas las etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, además de que esas autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de la empresas.
Bajo este supuesto, las autoridades de energía podrán contratar a las empresas productivas del estado —Pemex y CFE— para poner en funcionamiento las instalaciones que fueron intervenidas.
“En los hechos, esto representaría un acto de expropiación directa”, aseguró el Imco en su documento, por lo que un marco legal de estas características hará que las empresas vivan “en un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades regulatorias”.
Asimismo, el riesgo de aprobar la reforma a la Ley de Hidrocarburos implicará que no se garantice la continuidad en el suministro de combustibles en el país, ya que en el supuesto de que las autoridades asuman el control de las instalaciones suspendidas, Pemex y CFE carecen de la capacidad técnica y operativa suficiente para hacer funcionar las plantas de terceros.
Al final, las familias mexicanas serán las más afectadas por una basto insuficiente y deficiente de combustibles y de energía eléctrica, consideró el Imco.
La mañana de este lunes, el presidente López Obrador aseguró que la reforma que envió al Congreso tiene el propósito de combatir prácticas ilegales como el robo y la importación ilegal de combustibles.
El mandatario también garantizó que la idea no es expropiar a las empresas privadas, sino “poner orden” en el sector.
Garantizó que no se derogará la reforma energética que aprobó el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que únicamente se retirarán “las aristas más filosas”.
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GC
