Además de la reforma en materia de jornada laboral de 40 horas semanales, la Cámara de Diputados tiene en trámite una reforma en materia de inclusión laboral, encaminada a proteger el derecho de grupos vulnerables al trabajo remunerado.

La iniciativa que promueve el diputado Manuel Baldenebro Arredondo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión del Trabajo, pretende que las empresas con más de 50 trabajadores reserven una cuota de 10% del personal ocupado para personas con discapacidad, indígenas, ancianos, afrodescendientes, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual o bien migrantes.

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El propósito consiste en reconocer el derecho que tienen los grupos vulnerables a ejercer su independencia económica y a no ser discriminados en el mercado laboral.

De garantizarse la protección de estos derechos, México se acercará a los estándares de otros países que han legislado en la materia, como los países europeos y otros de desarrollo similar, como Colombia y Chile.

Asimismo, la iniciativa sugiere la aplicación de una multa equivalente hasta 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las empresas que no acaten su obligación en materia de inclusión laboral.

La iniciativa de reforma plantea modificar el artículo 7 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para agregar el siguiente párrafo: “En toda empresa o establecimiento que tenga más de 50 trabajadores, el patrón deberá emplear el 10% de trabajadores en situación de vulnerabilidad, por lo menos”.

“Para los efectos de este artículo se entenderá por trabajadores en situación de vulnerabilidad personas con discapacidad, adultos mayores, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas de la diversidad sexual y de género y personas migrantes”, agrega el proyecto.

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Asimismo, el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados establece modificar el artículo 1004-B de la LFT para determinar la penalización.

“El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 Bis de la Ley se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 2,500 veces la UMA”, dice el texto.

Con estos cambios, se espera que las personas de grupos vulnerables puedan encontrar oportunidades laborales en el sector formal de la economía, en condiciones más equivalentes a las de una persona común.

Sin embargo, representantes del sector privado, entre ellos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de la Ciudad de México, consideran que si bien la iniciativa persigue un propósito noble y de justicia social, deberá alcanzar un consenso con el sector empresarial para aterrizarse en la práctica.

Lo anterior, debido a que la iniciativa puede ir en contra del derecho que tienen las empresas a contratar al personal que consideren más apto para el cumplimiento de sus funciones, así como al logro de sus metas de productividad.

Además, el sector privado hace ver que, en otros países, así como se establecen cuotas de inclusión de trabajadores, los gobiernos también otorgan incentivos fiscales o de seguridad social para que las empresas incorporen a los grupos vulnerables a sus plantillas de empleo.

En este sentido, sería deseable que el proyecto de reforma también incluya incentivos para las empresas mexicanas.

GC