El gobierno federal envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que establece las reglas para la participación del sector privado en proyectos de infraestructura.
La propuesta pretende crear un marco jurídico que permita acelerar obras prioritarias mediante esquemas de colaboración entre instituciones del Estado mexicano y las empresas.
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El proyecto fue publicado este 19 de marzo en la Gaceta Parlamentaria y aguardará su turno en la agenda legislativa de los diputados para su eventual aprobación.
La iniciativa, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviada a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), coloca a la inversión privada como un componente clave para ampliar la capacidad financiera del país sin presionar el gasto público.
Contratos mixtos y nuevos vehículos de inversión
El eje central de la propuesta radica en la incorporación de esquemas de inversión mixta y “Asociaciones Público Privadas para el Bienestar”, que permitirán a empresas participar en el diseño, financiamiento, construcción y operación de infraestructura estratégica.
La iniciativa también introduce figuras como los Vehículos de Coordinación en Inversiones y Vehículos de Propósito Específico, diseñados para canalizar recursos mediante mecanismos de coinversión y financiamiento conjunto entre los sectores público, privado y social.
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Estos instrumentos permitirán conformar proyectos con mayor eficiencia y distribuir riesgos de manera más equilibrada.
Además, el proyecto incluye la creación de una ventanilla única para concentrar permisos de los tres niveles de gobierno, con el objeto de reducir tiempos y trámites.
Este punto responde a una de las principales demandas del sector empresarial: procesos más ágiles y reglas claras para la ejecución de proyectos.
Certidumbre, transparencia y atracción de capital
El proyecto establece la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano consultivo encargado de definir prioridades y emitir recomendaciones sobre políticas de desarrollo.
Su papel será clave para orientar la participación privada hacia sectores como las industrias energética, del transporte, de telecomunicaciones y de agua.
La iniciativa abre la puerta a la creación de fideicomisos especializados y otros esquemas para atraer capital privado. Para esto se establecerá la obligación de que cada proyecto demuestre viabilidad económica y beneficios concretos.
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La propuesta también refuerza los mecanismos de transparencia. Las dependencias deberán proporcionar información detallada sobre riesgos y contingencias, mientras que se consideran procesos de consulta social y supervisión ciudadana.
De esta manera, se pretende fortalecer la confianza de inversionistas y de la población en el desarrollo de infraestructura.
El gobierno plantea que este modelo permitirá acelerar proyectos prioritarios, generar empleo y reducir rezagos sociales, sin requerir recursos adicionales más allá del presupuesto aprobado.
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Asimismo, el proyecto del gobierno plantea modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para armonizarla con la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica.
GC
