El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, advirtió que la prohibición del cigarro electrónico fortalecerá el contrabando y la informalidad que financia la delincuencia organizada. Debido a ello, demandó al gobierno federal derogar su decreto y abrir un diálogo social informado que involucre a consumidores, comerciantes, especialistas y autoridades, “para acordar un marco regulatorio adecuado” para la importación, comercialización y distribución de los cigarros electrónicos. De acuerdo con el titular de ANPEC, lo anterior es de gran relevancia toda vez que en México hay un millón de usuarios del cigarro electrónico y el valor de mercado de la industria se ubicaría en 2 mil 400 millones de pesos anuales, gracias que hay cerca de 10 mil puntos de venta del producto.
“El gran negocio de la informalidad es la prohibición, ya que los productos ingresarán de todas formas por distintas vías al país, por aire y tierra, y se venderán en mercados como el de Tepito, en la Ciudad de México, y de San Juan de Dios, en Guadalajara. “Lo peor es que se venderán los mismos dispositivos sin pagar impuestos y sin ningún control sanitario”, expuso en conferencia de prensa.
Con el objetivo de alcanzar la derogación del decreto que prohíbe el cigarro electrónico, Rivera apuntó que esta mañana entregaron una carta en Palacio Nacional donde solicitan que el gobierno federal reconsidere su decisión.
“No se puede estar legislando bajo la cultura de la satanización. Los asuntos públicos no se deben tratar con un criterio manqueo que divide las cosas entre buenas y malas. “El decreto es opuesto al libre comercio”, dijo.
Finalmente, comentó que si la prohibición de los cigarros electrónicos y los vapeadores se hizo con el argumento de proteger la salud de las personas.
“La falta de regulación no garantiza la calidad de los productos informales, por lo que se expone la salud de los consumidores”, concluyó.
erc