El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024 adolece de varios problemas y deficiencias, pues representa un endeudamiento público demasiado alto y la falta de previsiones para atender la emergencia en Acapulco y otras zonas como consecuencia del huracán Otis.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que el Presupuesto, que se aprobó prácticamente como se envió el proyecto del ejecutivo en septiembre pasado, responde a criterios políticos y no incluye erogaciones para la emergencia y reconstrucción asociadas al huracán Otis.
Cabe mencionar que el gobierno ha estimado preliminarmente que el costo del desastre podrá situarse en 61 mil millones de pesos (mmp), mientras que algunos sectores han calculado que se requerirán de cuando menos 270 mil millones de pesos.
Según la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para atender esta necesidad de gasto público por ahora están los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) remanentes de 2023 que alcanzan poco más de 13 mmp, así como su presupuesto para el siguiente año de aproximadamente 18 mmp.
“Estos recursos son claramente insuficientes.
“Al no haber presupuestado más fondos para las necesidades relacionadas con el huracán, sólo quedaría la posibilidad de utilizar excedentes por ingresos petroleros para ello. Se podría contar con el posible excedente de noviembre-diciembre de este año -unos 12 mmp-, así como el de 2024, que podría alcanzar alrededor de 160 mmd, pero que es naturalmente incierto”, mencionó el Centro.
El organismo agregó que, aunque es posible que la suma de los recursos del Fonden y los ingresos petroleros excedentes sean suficientes para atender las necesidades traídas por el huracán Otis o una parte importante de ellas, “este proceder no es socialmente responsable por la falta de seguridad, la incertidumbre, de los ingresos petroleros excedentes”.
“La conveniencia política y electoral del PEF 2024 de asegurar las transferencias directas para los programas sociales y los recursos para completar rápidamente el tren Maya y la refinería de Dos Bocas es entendible, pero no se justifica. Lo responsable socialmente hubiera sido asegurar los fondos para emergencia y reconstrucción en Guerrero y dejar los recursos inciertos para las preferencias político-electorales”, apunto.
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Sobre el endeudamiento, dijo que “no es responsable desde las perspectivas económica y jurídica”, y más allá de su nivel y costo, habrá superado la inversión pública, lo que “contraviene la buena práctica de la política fiscal” -que la deuda pública sólo se use para financiar inversión productiva que genere su propio pago-.
En ese sentido, el CEESP retomó que el incremento en la deuda que se aprobó alcanza 1,906 miles de millones de pesos y supera a la inversión pública presupuestada para ese año de 889 mmp, lo que es “anticonstitucional”, pues el artículo 73 establece que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.
“Los problemas asociados al endeudamiento público se agravan debido a que las inversiones públicas no tienen indicios de ser rentables (socialmente) y, siendo el caso, requerirán de subsidios injustificados y desconocidos en años futuros”, acentuó el Centro.
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