“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles, y lo más importante: esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en espacial para los más pobres y marginados”, declaró.A pesar de la luz positiva bajo la que AMLO presenta su política de austeridad, tanto analistas como funcionarios públicos han sido críticos de esta política. Organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sufrieron recortes presupuestales severos durante estos dos años, y recibirán 2021 con todavía menos presupuesto en general. El programa de austeridad se intensificó con el estallido de la pandemia del COVID-19. El 23 de abril, el gobierno emitió un decreto con el cual estableció varios lineamientos para “apretar el cinturón” del aparato federal. Entre las nuevas medidas destacó una disminución de 75% en el gasto por conceptos de Servicios generales y Materiales y suministros, además de una reducción de 25% a los salarios de altos funcionarios. Meses después, se aprobó en el Congreso la desaparición de 109 fideicomisos federales, esto a pesar de las críticas y protestas de varios de los beneficiarios, entre ellos investigadores científicos, cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento, académicos y defensores de los derechos humanos.
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— Gobierno de México (@GobiernoMX) December 1, 2020





