La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que se han interpuesto 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto daño patrimonial en contra las empresas estatales Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, por un monto global calculado en 9,517 millones de pesos (mdp).
Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, informó que estas denuncias se desprendieron de las fiscalizaciones que ordinariamente deben realizar al presupuesto público la misma SFP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En total, se realizaron más de 100 actos de auditoría, entre los años 2019 y fines de 2021.
La SFP encontró irregularidades en la utilización de 6,052 mdp, mientras que la ASF ha hecho observaciones respecto a un monto de 3,465 mdp.
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“A la fecha, se encuentran en la FGR 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SFP y la propia FGR, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa”, informó Roberto Salcedo.
En la conferencia de prensa de todas las mañanas de Presidencia de la República, el funcionario comentó este jueves que las denuncias señalan principalmente la comisión de presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades de funcionaros públicos.
Actualmente, las denuncias se encuentran en etapa de investigación, en aras de llevarlas al Poder Judicial para proceder contra los presuntos responsables.
Roberto Salcedo también dio a conocer que existe un funcionario público vinculado a proceso, por su presunta responsabilidad en la inversión de presupuesto de las empresas estatales afectadas en instrumentos financieros de alto riesgo, por un monto de 950 mdp.
“Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”, dijo el jefe de la SFP.
Para llegar al conocimiento de estos hechos, los organismos de fiscalización recibieron varias denuncias, además de que detectaron varias fallas en los reportes e informes que deben realizar los entes públicos sobre la aplicación de su presupuesto anual.
GC
