Uno de los argumentos del gobierno federal para aceptar la regularización de los autos “chocolate” en siete estados del norte del país consiste en que las familias trabajadoras de escasos recursos no tienen la capacidad económica para comprar un auto nuevo “de agencia” en el país.
Sin embargo, Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), considera que este razonamiento tiene un componente de realidad y otro francamente de ficción.
En entrevista, Rosales Zárate asegura que en la región del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los precios de los vehículos ligeros son similares o incluso más asequibles en territorio mexicano, derivado de la cadena de valor automotriz que comparten los tres países.
Solamente “en el mercado de autos nuevos de ambos países (México y Estados Unidos) los precios son muy similares, hablado del mismo modelo y versión, incluso con diferencias favorables en nuestro mercado (…) Si tú quieres comprar una camioneta en la Ciudad de México cuesta casi lo mismo que en Dallas o San Diego, Estados Unidos, e incluso es más barato aquí”, sostiene el representante empresarial.
Descartado el argumento del precio, Guillermo Rosales reconoce que las complicaciones para los consumidores mexicanos están principalmente en las condiciones de los créditos automotores.
“La diferencia de Estados Unidos es la facilidad de acceso, por un mayor poder adquisitivo de los consumidores y también por una competencia mucho más vigorosa y esquemas de facilitación administrativa que permiten que una persona con salario moderado pueda ser sujeto de crédito o que tenga una opción de arrendamiento”, comenta el representante de los distribuidores.
Los norteamericanos con un historial crediticio adecuado tienen la garantía de solicitar un crédito, esa es la ventaja.
Te puede interesar: Los autos “chocolate” son los que desecha Estados Unidos, eso es lo que compra México: AMDA
“Pero en México, no tenemos un nivel competitivo en financiamiento, hay procedimientos jurídicos que obstaculizan que los bancos disminuyan sus riesgos aumentando sus créditos a una base de población más grande”, reconoce Guillermo Rosales.
Los bancos deben aceptar clientes que logren acreditar ingresos suficientes, además de que tienen dificultades para recuperar los vehículos vendidos a crédito en caso de impago del cliente. Esto aplica tanto para la compra de un auto nuevo como para uno usado en el mercado formal.
“En México enfrentamos procedimientos institucionales de tres o cuatro años para obtener una sentencia definitiva (sobre un auto que no se pagó) y también habrá que ver en qué condiciones se recuperó el vehículo y en qué condiciones de riesgo, porque las instituciones de crédito tienen que ir a zonas inseguras a hacer la recuperación”, asegura Rosales Zárate.
Todo esto impide que los bancos y otros agentes financieros mexicanos puedan ampliar la base de colocación crediticia. En cambio, en los países desarrollados, la falta de pago de dos o tres mensualidades del crédito es suficiente para recoger el automóvil y ponerlo a la venta de nuevo.
En este sentido, Rosales Zárate critica los procedimientos judiciales de México al considerar que “por populismo” no se ha podido modificarlos, en aras de conceder mayores garantías a los agentes financieros para colocar más créditos automotores y reducir sus riesgos, y de esa forma contribuir a que más mexicanos puedan comparar un vehículo nuevo que se ajuste a sus posibilidades.
GC
