El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivieron en esta una de sus peores semanas en el sexenio del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ocurrió en dos momentos.

El primero, el lunes, tras conocerse los resultados de las elecciones del 2 de junio, que le dieron una abrumadora mayoría al oficialismo en el Congreso de la Unión; y el segundo, ayer, al darse a conocer que en septiembre se abordarán 18 reformas propuestas por López Obrador, entre las cuales destaca la polémica reforma al Poder Judicial y que toca la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Solamente al cierre de este jueves, el peso mexicano se depreció 2.03%, al alcanzar una paridad de 17.5329 unidades por dólar; mientras que la BMV vivió episodios de volatilidad durante la jornada, para cerrar con un leve repunte de 0.12%.

El Banco de México (Banxico) contribuyó a frenar la depreciación del peso con la compra de dólares.

En este sentido, las agencias calificadoras como Moody’s Ratings y S&P Global Ratings han advertido esta semana que los mercados financieros, nacionales e internacionales, pueden interpretar con preocupación los resultados electorales, ya que una mayoría parlamentaria implica un amplio poder para realizar cambios legales y constitucionales que pudieran resultar contrarios a los principios de libre mercado, libre empresa, libre competencia, certeza jurídica y estado de derecho.

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Lo anterior, debido a los varios intentos de la administración saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el marco legal de las industrias eléctrica y de hidrocarburos, así como de la industria minera, entre otras diversas materias, que han sido frenados por la SCJN al encontrar que esas iniciativas resultan inconstitucionales.

En este sentido, los episodios de volatilidad financiera de esta semana constituyen una clara señal de que la percepción de riesgo de la inversión y de las empresas sobre México se deteriora con un Congreso de la Unión dominado por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), ha explicado el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Las anunciadas 18 reformas que se pretende abordar en septiembre, cuando se inaugura la nueva legislatura con los diputados y senadores ganadores de las elecciones de este 2 de junio, resultan preocupantes por las razones que se exponen a continuación, según comentarios de la representación en México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC).

Desmantelamiento del Poder Judicial

Se propone reducir el Pleno de la SCJN de 11 a nueve ministros, disminuir la mayoría calificada de ocho a seis votos y nombrar a los ministros, magistrados y jueces a partir del voto popular.

Además se pretende eliminar al actual pleno de la SCJN para designar a nuevos ministros.

“Esta propuesta implica el desmantelamiento de uno de los Poderes de la Unión al erosionar por completo los pesos y contrapesos internos que subsisten en la integración actual de la SCJN”, refirió ICC México en un reporte.

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Además, “eliminar a la SCJN actual y sustituirla por una integración completamente nueva implica un riesgo del equilibrio de poderes, especialmente en el Poder que se encarga de determinar los límites de las autoridades frente a los derechos constitucionales de los ciudadanos”, agregó el reporte.

Elegir a los juzgadores por “voto popular” —propuestos por el gobierno federal y el Poder Legislativo— no garantiza que mejorará la impartición de justicia en beneficio de la sociedad, ya que los criterios y las sentencias de los juzgadores dependerán de los intereses políticos de los partidos y de los funcionarios públicos que los propusieron.

Organismos autónomos, garantes de los contrapesos

Entre las 18 iniciativas se encuentra la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de las comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece), Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH).

También se prevé la extinción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) para integrarla a la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), entre otros.

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ICC México destaca que la desaparición del IFT y de Cofece implicará un daño a la economía mexicana y para el sistema de contrapesos del poder en el país, en la medida que estos organismos se enfocan en combatir los monopolios y proteger los derechos de los consumidores, con base en criterios técnicos y no políticos.

Como se sabe, el IFT y la Cofece identifican a las empresas preponderantes y establecen recomendaciones de política pública sobre cómo enfrentar su dominio en el mercado nacional.

Pero también su eventual desaparición y posible incorporación de sus funciones al gobierno federal constituye un desacato a los compromisos de México asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece la relevancia que los países socios dispongan de mecanismos institucionales para garantizar la libre competencia en sus territorios.

Combate a la corrupción ineficaz

Mientras tanto, la eliminación del INAI, para transferir sus atribuciones a las secretarías de Estado, implica en los hechos “dejar en manos de los sujetos obligados el cumplimiento de los deberes de transparencia y protección de datos”.

El ciudadano no tendrá la garantía de que sus peticiones de información al gobierno serán debidamente atendidas en tiempo y forma y, consecuentemente, se desactivará un mecanismo por medio del cual se puede combatir la corrupción y exigir rendición de cuentas al gobierno.

“Para combatir la corrupción es necesario saber dónde se encuentra. Sin transparencia e información respecto al uso de recursos públicos, combatir la corrupción se reduce a una buena intención”, concluye el ICC en su reporte.

GC