El lema político “primero los pobres” fue una de las banderas que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador al poder hace cuatro años. Sin embargo, ese lema está lejos de convertirse en una realidad, debido a los precarios resultados de la política social.

Solo 37% de los hogares más pobres reciben alguno de los programas sociales, por debajo del máximo histórico de 60% que alcanzó el país en el sexenio pasado.

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“Lo que vemos es que los hogares más pobres del país no solo no se han beneficiado de la política social, sino que además se han visto perjudicados, porque en menor medida reciben los programas sociales”, asegura con sorpresa Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, director del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig).

El experto –doctor en Sociología por el Colegio de México (Colmex)— explica en entrevista que el gobierno de López Obrador decidió hacer cambios en la política social, al considerar que el antiguo programa Prospera –de transferencias económicas a las familias en condición de pobreza— enfrentaba problemas de corrupción y que, además, las ayudas se perdían en el camino y no llegaban a los beneficiarios finales.

Entonces “viene una transformación radical” y que consistió principalmente en la cancelación del programa Prospera y su conversión hacia el programa Becas Benito Juárez, que consiste en otorgar transferencias económicas a los hogares con hijos que realizan estudios de primaria y hasta nivel medio–superior, mismo que en el proceso de cambio tuvo un recorte de presupuesto.

Surge la pregunta de ¿qué sucedió con los recursos que se destinaban a Prospera? La respuesta está en el presupuesto que se ha destinado a la ayuda económica o pensiones que se otorgan a los ancianos, las cuales sí han visto crecer sus asignaciones año con año.

“En este sexenio ha aumentado el presupuesto a la pensión para ancianos, ocupa más del 50% del total del presupuesto para programas sociales de transferencias monetarias y eso tiene muchas implicaciones, porque sacamos dinero para los pobres y va al programa universal de adultos mayores que no distingue ente ancianos ricos ni pobres”, lamenta Jaramillo-Molina.

Pobres extremos, cada vez más desprotegidos

El experto refuta las versiones oficiales en el sentido de que una mayor incorporación de ancianos al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores iba a traducirse en una mayor incorporación de hogares en pobreza a los programas sociales y aporta datos concretos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cobertura de los programas sociales alcanzó un máximo histórico de 30% de los hogares en pobreza del país, específicamente en los años 2015 y 2016, un promedio que disminuyó en los primeros años de la administración de López Obrador y que solo hasta 2022 logró recuperarse y alcanzar una proporción de 34%.

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Pero además se advierte que los hogares más pobres han quedado más desprotegidos, ya que en el sexenio pasado, la cobertura de los programas sociales logró un máximo histórico de 60% para las familias en pobreza extrema, cuando en la presente administración los alcances de la política social se han limitado hasta el 37% de las familias en pobreza extrema.

Además, los hogares más pobres del país que reciben ayuda oficial obtienen montos menores que antes, ya que el viejo Prospera también tenía componentes de becas escolares para uno o más hijos por cada familia beneficiaria.

Sin embargo, las Becas Benito Juárez –que otorgan transferencias mensuales de 840 pesos— solo se pagan a un hijo, independientemente del tamaño de la familia y “eso perjudica a los más pobres”, considera Máximo Ernesto Jaramillo-Molina.

En contraste, el experto –economista por la Universidad de Guadalajara— recuerda que las pensiones para los ancianos se pagan de manera bimestral y en 2022 alcanzaron una cantidad de 3,850 pesos por persona, las cuales se otorgan de manera universal, esto es sin necesidad de un estudio socioeconómico que demuestre que la persona es candidata para recibir la ayuda.

Censo del Bienestar, un misterio

Otro desafío de la política social lopezobradorista radica en la creación de nuevos padrones de beneficiarios, de los cuales no existe certeza sobre sus criterios técnicos ni de transparencia.

“El censo del Bienestar es muy importante, fue grave que el gobierno dijera que los padrones del pasado no sirvieran (…) Lo que vemos es que en este gobierno no encontraron a los hogares más pobres, no es sencillo”, observa el experto.

Como resultado de los cambios que se hicieron a la política social –tras un periodo de casi 30 años en los que hubo cierta continuidad con la operación del viejo Pronasol, de Carlos Salinas de Gortari, hasta el Prospera, de Peña Nieto—, el gobierno de López Obrador ha dejado para México un menor gasto social como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

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En el sexenio pasado, el gasto social representó aproximadamente 5.3% de PIB, pero actualmente el promedio es de 4.7% del PIB, por lo que todavía no se ha superado ese nivel de presupuesto destinado a programas sociales.

“Mientras no aumente de manera significativa el presupuesto en programas sociales, es difícil pensar que se pueda beneficiar a los hogares más necesitados, ya que las pensiones de los ancianos absorben la mayoría de los recursos”, asegura Máximo Ernesto Jaramillo-Molina.

GC