Moody’s Investors Service considera que los beneficios para México por la relocalización de las cadenas productivas (nearshoring) se verán limitados debido a los obstáculos que representan las políticas públicas del país, la poca infraestructura eléctrica y los riesgos climáticos.
Según la calificadora, la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dañado la confianza de los inversionistas y ha creado incertidumbres regulatorias constantes, toda vez que insiste en favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y eso ha obstaculizado el desarrollo de nuevos proyectos privados de generación renovable.
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Igualmente, debido a que el país se ha desviado de sus objetivos sostenibles a largo plazo, el acceso a nuevas energías renovables sigue siendo limitado. De hecho, el año pasado sólo generó 22% de su electricidad total a partir de fuentes renovables, muy por debajo de su compromiso de 35% para 2024.
En ese sentido, la agencia cuestionó el programa de capital de CFE (de 30 mil millones de pesos) planificado para 2023-27, pues la gran mayoría de este gasto se destinaría a la generación de energía combinada con turbinas de ciclo de gas; sólo 12% se destinará a proyectos renovables.
“Además de retrasar aún más el desarrollo de capacidad renovable material en el mediano plazo, este plan de gasto de capital aumentará el apalancamiento de CFE y expondrá a la empresa estatal a ciertos riesgos de ejecución”, expuso.
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Mientras tanto, las empresas multinacionales continúan sus esfuerzos para cumplir con los niveles de producción sostenible y los objetivos de descarbonización.
Al respecto, Moody’s subrayó que las empresas no financieras en México enfrentan “un riesgo de transición de carbono”, en gran medida externo ya que los acreedores internacionales favorecen cada vez más a las empresas verdes que buscan reducir las emisiones y diversificarse en actividades comerciales rentables con menos emisiones de carbono.
Bajo este contexto, la calificadora apuntó que el potencial de inversión en nearshoring de México aumentaría con una política pública que priorice la generación renovable y fomente la participación privada.
“Una mejora en la percepción de previsibilidad y estabilidad del marco regulatorio de México también respaldaría la calidad crediticia de los emisores de generación de energía nuevos y existentes en el país”, señaló la agencia.
Infraestructura eléctrica y agua
Moody’s añadió que, igualmente, para gozar de los beneficios del nearshoring, se deben resolver los problemas de infraestructura eléctrica de México, pues los desarrolladores de espacios industriales (que actualmente tienen una capacidad de 98%) y los arrendatarios necesitan un acceso confiable en esta materia, y hoy en día, el país no podría satisfacer la creciente demanda.
“Los mayores niveles de restricción (eléctrica) no respaldan la conectividad interregional entre la capacidad instalada renovable y la actividad manufacturera concentrada en las regiones del norte, que sin mantenimiento adicional e inversión en expansión, planteará más riesgos y problemas de confiabilidad”.
A esta situación se suma la crisis de agua y la exposición del país a las sequías, que pueden obstaculizar la manufactura que se concentra en los estados del centro-norte y norte, regiones especialmente vulnerables a los riesgos de estrés hídrico.
Sobre esto, Moody’s mencionó que las empresas de producción y fabricación que dependen en gran medida del agua, como componente crítico de sus operaciones, corren el riesgo de poca disponibilidad del líquido y de limitaciones reglamentarias.
“Este riesgo sólo puede mitigarse parcialmente mediante el uso de agua reciclada y mediante una gestión más eficiente del agua”, concluyó la agencia.
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