El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que al gobierno de Claudia Sheinbaum le costará 2 billones 195 mil millones de pesos darle seguimiento a la actual política energética, que incluye apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con su estudio “Política energética. Retos fiscales 2024-2030”, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, esta política ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos.

Lo anterior, por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por las aportaciones patrimoniales a Pemex.

“Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética, lo que implica costos de oportunidad para las finanzas públicas, desplazando el gasto social.

“Continuar apoyando financieramente a Pemex y CFE, mejorar la Red Nacional de Transmisión y Distribución, así como mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales, tendría un costo de 2 billones 195 mil mdp durante el próximo sexenio, lo que implicaría un costo de 1.0% del PIB anual”, estimó el Centro.

Según los cálculos, el monto total estaría conformado por 1 billón 371 mil mdp por aportaciones patrimoniales y una reducción del DUC para Pemex; así como de 245 mil 680 mdp para que CFE mantenga su participación de 54% en la generación de electricidad.

A esto se añadirían 57 mil 665 mdp para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución; y 517 millones de pesos por subsidios a las tarifas eléctricas.

Cabe recordar que AMLO ha priorizado el gasto en el sector energético, lo que ha frenado el avance hacia una transición energética.

En 2021, el 27.4% de la electricidad total se generaba a partir de fuentes limpias, cifra que disminuyó a 21.9% en 2023. Lo que hace más difícil que el país alcance el compromiso del 35% que tiene previsto este año.

Finalmente, el CIEP retomó que, dado que para el próximo año se estima una reducción del gasto público de 3.0% del PIB, las acciones propuestas para la próxima política energética requerirán mayores recursos públicos, lo que implicaría reducir el gasto social.

“La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para las finanzas públicas. Seguir priorizando el gasto en el sector a costa del gasto social en salud y educación por mencionar algunos, pone en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras”, concluyó.

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