Una política de topes máximos a los precios del gas LP no beneficiará a las familias de más escasos recursos como pretende el gobierno federal, ya que inhibirá la inversión y provocará desabasto del combustible en las zonas más alejadas de las ciudades y cabeceras municipales del país, a donde es más difícil transportar el gas LP.

Además, las autoridades y las empresas distribuidoras formales se exponen a prácticas de extorsión de agentes irregulares, como sucedió con la protesta de la semana pasada de los llamados “comisionistas” contra la política de precios máximos, asegura en entrevista Susana Ivana Cazorla Espinosa, socia fundadora de la empresa de consultoría SICEnrgy.

La experta refiere que la disposición de la Secretaría de Energía (Sener) que turnó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una directriz para fijar precios máximos al gas LP –a partir del 1 de agosto— no es una política nueva, sino la repetición de políticas del pasado que no dieron el resultado esperado.

Primero, Susana Cazorla recordó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía que importar el gas LP para consumo nacional a precios más altos de los que lo podía vender, precisamente para controlar la tarifa al consumidor. De esta forma se tenía que otorgar un subsidio, con cargo a las finanzas públicas.

“Pemex no podía vender al mismo precio, lo compraba caro y lo vendía barato. Esto implicó, entre 2001 y 2015, pérdidas económicas por 200,000 millones de pesos (mdp)”, recuerda la experta.

No obstante, el control de precios no hizo que las familias que cocinaran con leña dejaran esa fuente de energía y adoptaran el gas LP. De ahí que actualmente 77% de los hogares mexicanos se abastecen de este combustible, mientras que 11% todavía utiliza leña. Solo una porción de 7% a 8% de los hogares consume gas natural.

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Pero además, “una política de control de precios, con subsidios generalizados ayudan en mayor medida a los de más ingresos y a los negocios como fábricas, restaurantes y hoteles. Eso lo vimos con el control de precios previo a liberación de 2017, ya que solo 24% del subsidio estaba dirigido a familias de menores recursos”, comenta Susana Cazorla.

Además, la nueva directriz establece precios diferenciados controlados para 145 regiones, lo cual constituye una medida arbitraria, ya que no considera los costos que plantean las entidades federativas en términos de transporte y almacenamiento.

“En México hay diferentes mercados, esta división el territorio nacional, sustentada en lo de hace 10 años, ya no tiene que ver con la dinámica del país”, refiere la experta al agregar que “el regreso al control de precios no tendrá los resultados esperados, sino todo lo contrario”.

Una de las consecuencias inmediatas consistirá en que los distribuidores privados se verán forzados a respetar un precio límite que no permitirá cubrir sus costos de operación, con lo que dejarán de abastecer de gas LP en las zonas más apartadas, en donde radican varias familias de escasos recursos.

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“Con un control de precios, los distribuidores no consiguen los márgenes que necesitan para reinvertir. ¿Qué ocurre en otros países con los precios controlados? se atomiza el mercado aguas abajo”, advierte Susana Cazorla.

En este sentido, lo que va a suceder es que se va a alentar la aparición de figuras como la de los “comisionistas”, que son aquellos pequeños distribuidores que por su cuenta compran el gas LP a los distribuidores más grandes, para vender los conocidos cilindros de gas a las familias de las zonas apartadas.

De momento, más de 80% de los “comisionistas” que existen en el país se concentra en la zona metropolitana del Valle de México.

“Estos comisionistas no están registrados, pero se hicieron de zonas completas y estaban acostumbrados a recibir cuatro pesos por kilo de las ventas del gas LP. Pero a hora bajan los precios a los distribuidores grandes, ellos les dicen nos bajaron los márgenes, te bajo tu comisión y estos dijeron que no, se manifestaron, detuvieron los vehículos y no repartieron”, recuerda la experta sobre lo que sucedió la semana pasada.

Sin embargo, las autoridades aceptaron incorporar a los “comisionistas” con los grandes distribuidores en la mesa de pláticas para alcanzar un acuerdo sobre la política de precios máximos. Y gracias a las protestas de la semana pasada, el precio máximo vigente esta semana reflejó un incremento de 45 centavos.

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“Si haces escándalo, te dan 45 centavos, eso es mucho dinero y ya dijeron los comisionistas que no están de acuerdo. Ese es otro de los problemas, no es la dinámica del mercado la que fija los precios, sino este tipo de situaciones”, concluye Susana Cazorla.

GC