La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró que la actual política energética que prevalece en el país, y que ha reducido la competencia en los mercados de generación y distribución de electricidad, es perjudicial para la economía porque reduce la competitividad de México.

Brenda Gisela Hernández Ramírez, presidenta de la Cofece en suplencia por vacancia, hizo ver que la falta de participación de diferentes empresas distintas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la industria eléctrica nacional inhibe la inversión en el sector e impide que se construyan y operen centrales eléctricas más eficientes en función de costos.

Al final, serán los consumidores minoristas —hogares— y mayoristas —grandes consumidores como las empresas— pagarán energía eléctrica a mayores precios y más contaminante para el medio ambiente.

“La política energética actual reduce la competitividad del país al afectar al ambiente de negocios, inhibir la inversión en el sector e inhibir la operación de centrales eficientes”, refirió la funcionaria al participar en la videoconferencia “Casos de éxito de la política de competencia en Latinoamérica”.

“Se debe retomar la senda de la competencia, en función de la eficiencia de costos y medioambientales”, refirió Brenda Hernández.

En un recuento sobre las acciones que ha emprendido la Cofece en relación con la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus reformas a las leyes secundarias para revertir la reforma constitucional del año 2013, la funcionaria describió que el sector ha pasado de un modelo de competencia a un “modelo industrial, integrado e impulsado por monopolio estatales”.

La funcionaria expuso que la “neutralidad de la competencia es la piedra angular” en un modelo de competencia abierta para la industria eléctrica, lo cual implica necesariamente “la separación de la CFE” como actor preponderante en el sector.

Sin embargo, Brenda Hernández recordó que desde 2019, la Secretaría de Energía (Sener) flexibilizó la separación mediante contratos asignados a CFE y otras disposiciones.

Después vinieron otras acciones como la publicación de la “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional” y, posteriormente, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

La funcionaria recordó que Cofece ha publicado sus opiniones sobre estas disposiciones legales, además de que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al considerar que viola el texto constitucional que sí ampara los principios de libre competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico nacional.

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Brenda Hernández recordó también que, derivado de otros recursos presentados ante la SCJN, el pleno de ministros tenía que emitir una resolución sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pero que al no juntarse una clara mayoría de votos, no se pudo alcanzar una sentencia que declarara inconstitucionales los cambios.

En ese sentido, la funcionaria comentó que “el futuro de la política energética se determinará en juzgados y en la SCJN”, ya que las empresas privadas de electricidad estarán en su derecho de continuar adelante con la promoción de demandas o de recursos de amparo contra las disposiciones del gobierno que les afecten en sus negocios.

GC