El sector comercial del país exhortó al Poder Legislativo a realizar un “análisis serio y responsable” de la batería de reformas constitucionales y de leyes secundarias que presentó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se encuentran cambios al sistema de pensiones y al salario mínimo, así como la desaparición de organismos constitucionales autónomos, algunos de ellos reguladores de la economía.
“La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) solicita al Poder Legislativo que asuma con responsabilidad un análisis serio y responsable de todas las iniciativas”, exhortó la Confederación en un comunicado.
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A un día de la entrega de 18 reformas constitucionales y dos a leyes secundarias, los empresarios del comercio y el turismo lamentaron no haber sido consultados antes de la elaboración de los proyectos de ley, por lo que manifestaron que revisarán el contenido de las mismos y sus implicaciones para sus actividades productivas.
Los comerciantes igualmente dijeron estar dispuestos para conversar con los legisladores sobre el contenido de las reformas, en el proceso de debate que se abrirá al respecto en el Congreso de la Unión en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Hasta el momento, (los comerciantes) no han sido consultados por lo que esperan contar con espacios para discutir cualquier iniciativa que sea presentada por el Poder Ejecutivo”, manifestó Concanaco-Servytur en un comunicado.
Actualmente, el sector comercial, de servicios y turístico representa 60% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera seis de cada 10 empleos formales, de ahí el interés de los empresarios para participar en las deliberaciones de las reformas.
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“La Confederación presentará sus recomendaciones o ajustes que considere necesarios, una vez que conozca y analice a profundidad dichas iniciativas, pues se reitera la importancia de considerar al sector”, concluyó el comunicado.
La batería de reformas constitucionales y a leyes secundarias que presentó el presidente López Obrador plantean que los trabajadores puedan jubilarse con una pensión igual al último salario que percibieron, así como garantizar que el salario mínimo general reciba aumentos anuales no menores a la tasa de inflación.
También se propone transferir las funciones de Comisión Federal de Competencia (Cofece) a la Secretaría de Economía (SE); del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública (SFP); y del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los proyectos de ley de López Obrador también incluyen retirarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) la denominación de empresas productivas del Estado, así como eliminar los organismos reguladores del sector energético que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
GC
