El Poder Judicial volvió a dar un revés al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que no tiene materia el recurso de queja que presentó en contra de las suspensiones otorgadas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
La semana pasada, el gobierno federal presentó recursos de queja con la intención de echar atrás las primeras resoluciones que otorgó —hace dos semanas— el Juzgado Segundo de Distrito, para suspender los efectos legales de la referida Ley de la Industria Eléctrica.
Como se sabe, las resoluciones de suspensión forman parte de un procedimiento de amparo que solicitaron empresas privadas que se consideran afectadas por las más recientes reformas hechas a la Ley de la Industria Eléctrica.
Sin embargo, este martes, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones encontró que carece de sustancia la queja del gobierno federal en contra de la resolución del Juzgado Segundo de Distrito, por lo que la suspensión de la Ley sigue en pie.
El Tribunal Colegiado explicó que el día 18 de marzo pasado se celebró una audiencia en la que las partes —el gobierno y los particulares— presentaron ante el Juzgado Segundo sus argumentos y algunas pruebas.
Asimismo, al día siguiente, 19 de marzo, el Juzgado Segundo emitió una nueva resolución en el sentido de declarar suspendida de manera definitiva la Ley, en lo que se desarrolla y concluye el procedimiento de amparo que solicitaron las empresas inconformes.
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Por lo anterior, los magistrados Eugenio Reyes Contreras y Rosa Elena González Tirado, del Tribunal Colegiado, concluyeron que el acto reclamado por el gobierno federal quedó sin efectos.
Desde que fue publicado el decreto que promulga las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, el 9 de marzo pasado, y al día siguiente que entró en vigor, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, encabezado por Juan Pablo Gómez Fierro, recibió en trámite varias solicitudes de empresas que piden recibir el amparo de la justicia, a partir de lo cual el juzgador comenzó a emitir resoluciones de suspensión en favor de las empresas promotoras y también de las que aún sin demandar también pueden verse involucradas. (Con información de los diarios Milenio y La Jornada)
GC
