El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaun, puede representar una señal positiva para la economía mexicana; sin embargo, su alcance dependerá de que efectivamente impulse la inversión total sin comprometer la estabilidad fiscal y de que logre complementar la inversión privada en un entorno de reglas claras y certidumbre, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que la iniciativa puede mejorar las expectativas de crecimiento y atenuar la incertidumbre que prevalece en el país. No obstante, puntualizó que el impacto dependerá de la forma en que se instrumente y de la claridad en sus alcances.

Según el Centro, hasta ahora el volumen de capital destinado a maquinaria, infraestructura, aeropuertos, energía y otros sectores estratégicos no ha sido suficiente para generar los empleos que demanda la población que diariamente busca incorporarse al mercado laboral.

“Es la inversión, es decir, el incremento del acervo de capital, lo que permite generar un mayor número de puestos de trabajo, es la que crea actividades más productivas, es la fuente de creación del empleo y con el tiempo, la solución más importante a la informalidad, que ha venido ganando terreno en los últimos años”, expuso.

El organismo añadió que la inversión constituye el principal motor del crecimiento económico, ya que promueve la generación de empleos formales y, con ello, mayores ingresos, consumo y bienestar para las familias.

“Pero no solo eso, su importancia radica también en que, con una mayor inversión, se pueden tener avances sustanciales en materia de tecnología y por lo tanto en productividad. La inversión es el elemento principal para lograr los objetivos de crecimiento y bienestar”, mencionó.

De acuerdo con el CEESP, para que México alcance un mayor dinamismo económico se requiere, por un lado, una inversión pública eficaz, eficiente y equitativa, que además facilite la participación privada y evite la asignación de recursos en proyectos improductivos o de baja rentabilidad social.

Por otro lado, dijo, es indispensable una inversión privada respaldada por un entorno de negocios sólido y reglas claras, que brinden confianza para impulsar la actividad económica.

En este contexto, acentuó que “es evidente la importancia de un programa como el que presentaron las autoridades, pero también debe ser lo más claro posible”.

Conforme a lo anunciado, para 2026 se contempla una inversión adicional de 772 mil millones de pesos respecto a lo ya presupuestado, lo que ubicaría la inversión pública en 4.4% del PIB. Asimismo, el programa plantea concretar una inversión histórica pública y mixta por 5.6 billones de pesos durante la administración.

El CEESP puntualizó que no se especifica si esos recursos serán adicionales a lo aprobado cada año o si corresponden al total estimado para el periodo.

“No obstante, no se define si esta inversión será adicional a la presupuestada en cada año, o simplemente será la inversión pública total prevista para los siguientes años.

“De ser este el caso, la inversión pública total promedio por año en el periodo 2027-2030 sería de 1,207 mil millones de pesos, que como proporción del PIB sería de aproximadamente 2.8%, de un PIB nominal promedio del periodo de 43,500 miles de millones de pesos, nivel aún insuficiente para un importante estímulo de la actividad productiva y de la inversión privada”, resaltó.

El organismo indicó que, si el monto anunciado fuera adicional al presupuesto anual, la proporción respecto al PIB prácticamente se duplicaría. Sin embargo, advirtió que este escenario implicaría mayores presiones para las finanzas públicas, ya que el gobierno tendría que obtener recursos adicionales.

“En esta situación el sector público podría enfrentar algunas complicaciones. Por una parte, para disponer de los recursos necesarios para la inversión, tendría que ajustar a la baja su gasto en otros rubros, lo que puede afectar directamente al bienestar de los hogares”.

Añadió que, de no optar por recortes, la alternativa sería ampliar la deuda pública, que ya se ha incrementado significativamente en años recientes, lo que elevaría el costo financiero.

“No hay duda de que, para estimular la inversión se debe actuar en dos frentes. Por una parte, el sector público debe canalizar más recursos a inversión productiva, ya que, dado su efecto multiplicador, permitiría facilitar e inducir la inversión privada”, manifestó.

Asimismo, el CEESP consideró fundamental fortalecer la capacidad de inversión de las empresas mediante un entorno de negocios seguro que funcione como incentivo natural para el flujo de recursos privados.

“El costo de no promover la inversión que se requiere es posponer la solución de las carencias que tiene nuestro país y continuar limitando el bienestar de nuestra población.

“Se debe tener en cuenta que algunos cálculos consideran que para que la economía crezca a un ritmo de 4.0%, se requiere una inversión total equivalente a poco más del 25% del PIB de manera sostenida. En el 2025 se ubicó ligeramente por arriba del 22%”, concluyó.

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