El Gobierno de México dio a conocer los avances en la atención de dos de los conflictos sociales y ambientales más prolongados del estado de Sonora, que son la conclusión de la huelga minera de Cananea, que se extendió por más de 18 años, y la puesta en marcha de un plan para remediar los daños provocados por el derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora en 2014.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, informó que el pasado 22 de diciembre se formalizaron dos acuerdos fundamentales: el cierre definitivo del conflicto laboral en la mina de Cananea, Sonora, y el inicio de una serie de medidas para atender afectaciones ambientales, de salud y de abasto de agua en diversas comunidades rurales, afectadas por el referido vertido de contaminantes en el río Sonora.
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Para todo esto, se destinará una inversión conjunta de 2,222.6 millones de pesos (mdp), aportados por el gobierno federal, el gobierno de Sonora, Grupo México y recursos depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en años anteriores.
En su conferencia de prensa de todas las mañanas, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a partir de enero de 2026 iniciará la construcción de las obras consideradas en el Plan de Justicia para Cananea, entre ellas un nuevo Hospital Regional en Ures, plantas potabilizadoras, sistemas de monitoreo de calidad del agua y acciones de evaluación y remediación del suelo.
La mandataria comentó que estos trabajos comenzarán una vez consolidados los acuerdos con los trabajadores mineros y que el gobierno dará seguimiento puntual al cumplimiento de cada etapa.
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Asimismo, Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo es garantizar atención médica, agua segura y condiciones ambientales adecuadas para las comunidades afectadas.
Se trata de un plan de trabajo integral que considera tanto infraestructura como vigilancia ambiental permanente.
En la conferencia, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que el plan de justicia ambiental pretende reparar los daños causados por el derrame de aproximadamente 40,0000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora, que afectó a más de 20,000 personas de municipios como Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures.
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En particular, se invertirán 1,500 mdp en acciones de salud, agua potable y restauración ambiental.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la transformación del Hospital Comunitario en un Hospital Regional del IMSS-Bienestar, la instalación de un laboratorio especializado en metales pesados, la vigilancia epidemiológica permanente y la construcción y rehabilitación de sistemas de potabilización y desinfección del agua.
Asimismo, se realizarán estudios técnicos para identificar zonas contaminadas y ejecutar procesos de remediación ambiental.
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En tanto, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que se instalará un Centro de Monitoreo Permanente de la Calidad del Agua, con estaciones automáticas, puntos de muestreo manual y un centro de visualización.
Además, se contará con un laboratorio especializado en Hermosillo para analizar decenas de parámetros de calidad del agua en tiempo real. Estas acciones beneficiarán directamente a más de 20,000 habitantes de 38 comunidades sonorenses en ocho municipios.
En el ámbito laboral, el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), José Luis Sánchez Cuazitl, reconoció la lucha histórica de los trabajadores de Cananea y destacó la voluntad institucional para resolver un conflicto que se prolongó por casi dos décadas.
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Aseguró que el acuerdo alcanzado representa un paso significativo hacia la justicia laboral.
Mientras tanto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció la disposición del gobierno federal para dialogar y construir soluciones conjuntas, y destacó que el Plan de Justicia para Cananea representa una respuesta integral a una deuda histórica con los trabajadores mineros y las comunidades afectadas por la contaminación ambiental.
GC
