El gasto en pensiones ya consume alrededor de una cuarta parte del presupuesto público en México y supera el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se ha convertido en una de las principales fuentes de presión para las finanzas públicas del país, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Este crecimiento ocurre en un contexto de espacio fiscal limitado, de apenas 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que reduce de forma significativa los recursos disponibles para áreas como inversión pública, educación y salud.

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En el reporte “Pensiones, edad de retiro y desigualdad de género”, el CIEP advierte que el sistema atraviesa un momento complejo, debido al envejecimiento de la población y a una serie de reformas recientes que, si bien han elevado los montos que reciben las personas trabajadoras al momento del retiro, también incrementan la carga sobre un presupuesto público.

Tras las reformas hechas en el sexenio pasado —para aumentar las cuotas de aportación, controlar las comisiones y crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, entre otras acciones—, México ofrece una tasa de reemplazo de 132% para trabajadores de bajos ingresos, un nivel muy por encima del promedio de 76% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La tasa de reemplazo se refiere al monto de dinero que recibirá de pensión el trabajador como proporción de su último salario.

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Si bien México avanzó al mejorar la tasa de reemplazo de los trabajadores de menores ingresos, persisten desequilibrios estructurales que ponen en duda la sostenibilidad de largo plazo.

El CIEP destaca que la desigualdad de género en materia de pensiones se ha profundizado, ya que la brecha entre hombres y mujeres aumentó entre 2007 y 2024, de 28.5% a 35%, reflejo de desigualdades persistentes en el mercado laboral, como menores salarios, mayor informalidad e historiales laborales interrumpidos para las mujeres, en la medida en que estas se ocupan del cuidado de los hijos.

En cambio, los países de la OCDE vieron una disminución de 28% a 23% en el mismo periodo de referencia.

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Otro factor que complica el financiamiento del sistema es la edad de retiro. Mientras diversos países del mundo han optado por ajustar de manera gradual la edad para la jubilación conforme aumenta la esperanza de vida, en México las edades permanecen fijas e incluso se han reducido. 

Un ejemplo es el decreto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de junio de 2025, que disminuyó la edad de jubilación —a un mínimo de 53 años para las mueres y de 55 años para los hombres—, lo que incrementa el costo fiscal en el mediano y largo plazos.

En este sentido, el CIEP advierte que esta concentración de recursos en pensiones implica una distribución intergeneracional inequitativa, en la que los beneficios actuales se sostienen, en parte, con mayor endeudamiento y menores oportunidades de gasto para atender otras necesidades sociales, lo que a largo plazo tendrán que enfrentar las futuras generaciones.

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Ante este panorama, el reporte plantea la necesidad de emprender reformas, como vincular la edad de retiro con la esperanza de vida y corregir las desigualdades laborales para cerrar la brecha de género desde su origen.

Asimismo, el CIEP destaca la necesidad de abrir un debate sobre cómo financiar las pensiones de una población más longeva sin trasladar los costos a las generaciones más jóvenes.

GC