De no realizarse una reforma fiscal y una reestructuración del gasto, el financiamiento de los programas sociales de atención a la pobreza se torna cada vez más difícil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para las futuras administraciones, ante un escaso margen presupuestal.
Esta es la advertencia que hace Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, director del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig), sobre la gestión de la política social de la presente administración y los cambios que estableció en relación con los gobiernos pasados.
En entrevista, Jaramillo-Molina –economista por la Universidad de Guadalajara— destaca que el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores absorbe 50% del presupuesto destinado a todos los programas con transferencias monetarias, mismo que ha crecido anualmente.
Te puede interesar: Política social de AMLO ha fallado a su promesa de ayudar “primero a los pobres”: Indesig
En 2023 y 2024 se tiene previsto un aumento de 20% anual para las transferencias que reciben los ancianos y que actualmente constan de 3,850 pesos por persona bimestralmente.
El experto comenta que, en 2022, las ayudas económicas para los ancianos tienen autorizado un presupuesto de 238,000 millones de pesos (mdp), mientras que los otros programas sociales obtuvieron 200,000 mdp, lo cual deja ver el grado de compromisos económicos que tiene encima el gobierno federal.
Pensiones con cargo al gobierno, un peligro para las finanzas públicas
Sin embargo, las finanzas públicas enfrentan un escenario complicado, sobre todo cuando la economía mexicana se encuentra en proceso de recuperación tras la pandemia del Covid-19 y cuando la presente administración se resiste a impulsar una reforma fiscal que implique una mayor recaudación de impuestos y se mantiene la idea de promover la austeridad en la operación del gobierno, aunque con mayor gasto en los llamados “proyectos prioritarios” de infraestructura.
“El espacio fiscal se reduce, más cuando no hay voluntad de aumentar los impuestos”, reconoce Máximo Ernesto Jaramillo-Molina.
“Con el peso que tienen las pensiones en el presupuesto, de aquí al final del sexenio, llegará a un porcentaje que diríamos coloquialmente que es un peligro que puede tronar las finanzas públicas del país”, alerta Jaramillo-Molina.
En esta “bomba de tiempo”, el experto incluye tanto las pensiones a cargo del sector público –los empleados de gobierno y del sector privado que se jubilan con el régimen de reparto— como las transferencias del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
De esta manera, el nuevo equipo de gobierno que llegará a la Presidencia de la República en 2024 tendrá asimismo escaso margen para hacer cambios a la política social instaurada en la presente administración, por el principio de derechos adquiridos de quienes ya son beneficiarios de los programas sociales, especialmente los ancianos que reciben las ayudas económicas.
Te puede interesar: Creación de empleos y aumentos al salario mínimo redujeron la pobreza laboral en el 1T22: Coneval
“Se antoja difícil para el siguiente sexenio que se pudiera revertir la gestión de la política social, ya que el siguiente gobierno tendría que mantener igual la pensión a ancianos y al mismo tiempo aumentar el dinero a los demás programas sociales para los hogares más pobres, se ve difícil presupuestalmente”, dice el experto.
Por lo anterior, Jaramillo-Molina destaca la relevancia de analizar el gasto público destinado a los programas sociales, previo a la próxima discusión en el Congreso de la Unión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023.
20% de familias con mayores ingresos reciben programas sociales
Jaramillo-Molina –doctor en Sociología por el Colegio de México (Colmex)— reconoce que detrás del diseño de la política social, el gobierno de López Obrador ha otorgado un enfoque de clientelismo político, por encima de un enfoque de protección social.
Un primer paso en ese sentido fue la iniciativa aprobada en el Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional los programas de política social.
“Es extraño. La política social es el instrumento y no debe estar en la Constitución, lo que debe estar en la Constitución es el derecho que permite recibir esa política social”, aclara el experto.
Te puede interesar: Por alta inflación, hasta 2.5 millones más de pobres en México: CEPAL
Otro botón de muestra sobre el enfoque político consistió en los mensajes que se difundieron por redes sociales y otros medios para invitar a los beneficiarios de los programas sociales a que votaran en la pasada consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
“Hay que salir de la idea estigamatizante de decir que, quien recibe la ayuda, es proclive a votar por el gobierno que le dio el beneficio, pero sí hay riesgos. Lo vimos en la consulta de revocación de mandato, había varias campañas en redes sociales que para que no te quiten la pensión o la beca, vota para que se quede AMLO”, recuerda Jaramillo-Molina.
En este sentido, al hacer un recuento sobre los resultados de cuatro años de gobierno en materia de política social, el especialista concluye que los beneficiarios más visibles no han sido necesariamente las familias más pobres del país, sino que existe un sesgo hacia familias de clase media-baja o media-alta o incluso de ingresos altos, por la vía de las pensiones para los ancianos.
El experto recuerda que las pensiones para adultos mayores es un programa de aplicación universal.
De modo que, paradójicamente, López Obrador ha beneficiado más a los ricos que a los pobres, porque en el sexenio pasado 5% de los hogares de mayores ingresos recibían alguno de los programas sociales, pero en la actualidad esta proporción alcanzó un nivel de 20%, concluye Jaramillo-Molina.
GC
