Una eventual aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica significará un retroceso, de por lo menos 10 años, en el desarrollo del sistema eléctrico mexicano y la pérdida de oportunidades para atraer nuevas inversiones en el sector, en un momento en el que la industria eléctrica del mundo camina hacia redes inteligentes y consumidores que también son generadores.

Eleazar Castro, consultor de energía y director del programa de Data Science y Energía, comenta en entrevista que una reforma al sector eléctrico del país debe impulsar una serie de “ingredientes básicos de un pastel”, para garantizar energía suficiente para todos y a menores precios.

“Los ingredientes básicos de un pastel son libre competencia en generación y suministro, un operador independiente del sistema y un regulador que estudie todo y que ponga precios máximos a transmisión y distribución, esa es la receta básica pero la quieren quitar de la Constitución”, refiere Eleazar Castro en relación a la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un breve análisis sobre la iniciativa de reforma, que actualmente se discute en el Parlamento Abierto que organizó la Cámara de Diputados, el experto considera que la aprobación del proyecto de ley regresará a México al año 2012, antes de la reforma energética que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto y que abrió el sector eléctrico a la participación privada.

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“Cambiar la constitución y hacer leyes secundarias es volver a comenzar donde estábamos en 2012 contra 2018. Son 10 años de diferencia”, hace notar Eleazar Castro, quien fue uno de los especialistas invitados en los primeros días del Parlamento Abierto.

En la eventualidad de que fuera aprobada, la iniciativa del presidente López Obrador no se “aplicará de la noche a la mañana”, además de que se fomentará un sistema poco competitivo, porque “no habrá capacidad de crecer”.

“Si queremos un esquema para bajar los precios de la energía eléctrica, no creo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –con 56% de participación en el sector— lo pueda hacer, debido a que sus costos son más caros”, advierte Eleazar Castro.

En este sentido, una reforma en materia eléctrica que no haga cambios constitucionales podrá dar margen para retomar aquellos aspectos de la reforma pasada que han sido positivos al fomentar la competencia entre participantes, como las subastas eléctricas, y de esa forma recuperar la confianza de los inversionistas, considera el experto.

Falta discutir lo más importante, cómo proteger al consumidor

Eleazar Castro, que también es director Ejecutivo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Aplicadas de Baja California Sur, refiere en la charla que el debate de la reforma eléctrica en el Parlamento Abierto se ha concentrado en quiénes pueden participar en el sector –empresas de gobierno o empresas privadas— y no en los aspectos de fondo y que consisten en cómo garantizar energía suficiente y cómo proteger al consumidor con menores precios.

“Es importante que el consumidor final –sea una familia o una fábrica de productos— pueda asegurarse precios finales baratos, no pienso que el Estado pueda garantizarlo”, considera Eleazar Castro y menciona como ejemplo que varias de las plantas de CFE tienen costos de producción de 1.80 pesos por kilowatt hora, cuando los privados consiguen costos de hasta 70 centavos.

Eleazar Castro considera que en el Parlamento Abierto –del 17 de enero al 15 de febrero— se ha insistido en que el Estado –a través de CFE— es quien genera energía a precios más baratos, “porque no quiere lucrar como una empresa privada, pero no es así”.

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Algunas de las plantas de CFE tienen una antigüedad de más de 30 años, con tecnologías obsoletas y una baja eficiencia de operación, lo que debería estar en el centro del debate para tomar las decisiones más convenientes, estima el experto.

“Cuando vienen incrementos en la producción de electricidad –por ejemplo por un aumento en el precio del gas— se transfiere al consumidor (…) Hay que ver dónde puede haber competencia y cómo se puede proteger al consumidor de esos cambios de precios”, concluye Eleazar Castro.

En su opinión, con los debates del Parlamento Abierto “no estamos llegando a los problemas, se vuelve una confrontación de quién puede o quién tiene más”.

GC