A pesar de la alta exposición de México a los efectos del cambio climático, las entidades federativas no están financieramente bien preparadas para enfrentar los costos que puede implicar la llegada de un huracán, una fuerte sequía o un sismo de alta magnitud.

El reciente caso del impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero deja ver la falta de reservas financieras de los gobiernos estatales para atender los desastres naturales y su alta dependencia del presupuesto federal, así como su tendencia natural a contratar deuda para enfrentar los gastos que deban cubrir, advirtió Moody’s Local México, en el reporte “Estados con escasos recursos propios para atender desastres naturales”.

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Lo anterior, con un alto riesgo de comprometer la salud de las finanzas públicas para el presente y el futuro.

Conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), los gobiernos locales deben crear fideicomisos públicos enfocados en la atención de los desastres naturales, lo que implica realizar aportaciones anuales.

Sin embargo, la mayoría de los estados hacen contribuciones mínimas de menos de 1% de sus ingresos operativos, con lo que sus aportaciones anuales a dichos fondos son bajas.

El estado de Oaxaca es la entidad que más aportaciones hace, equivalentes a 0.73% de sus ingresos operativos, refirió Moody’s Local México.

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Esta situación es delicada, debido a que entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz son coincidentemente regiones que con frecuencia son sacudidas por los huracanes, las lluvias abundantes o los sismos y, al mismo tiempo, son regiones con amplias capas de la población en situación de pobreza y marginación social.

Algunas entidades federativas, como el Estado de México, han contratado seguros contra desastres naturales que pagan con sus propios ingresos, pero no es la generalidad en el país.

El seguro del Estado de México cubre hasta 400 millones de pesos (mdp) para cada evento que se presente en los municipios o el territorio estatal, situación que le da margen de maniobra al gobierno local para enfrentar los gastos derivados de un siniestro.

“La mayoría de los estados no cuentan con seguros o con coberturas de acuerdo a su exposición a estos riesgos, por lo que la dependencia en transferencias federales será mayor. Entre los estados calificados, 44% confirmaron que tienen contratado algún tipo de seguro contra desastres naturales”, refirió el reporte.

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Anteriormente, el gobierno mexicano disponía de un fidecomiso denominado Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual quedó extinto en noviembre de 2020.

Si bien el gobierno federal ha explicado que la figura del fideicomiso se extinguió pero no así la bolsa de los recursos, las estadísticas del presupuesto federal muestran que esos fondos han disminuido sus montos, ya que las aportaciones que se le hacen son cada vez menores.

Al cierre de 2020, el Fonden tenía 27,602 mdp, pero entre los años 2021 y 2023, el monto reservado para desastres naturales ha fluctuado entre 8,727 mdp y 17,985 mdp, es decir, que son cantidades más bajas a las asignadas hace tres años.

Lo anterior indica que el gobierno federal hace aportaciones fluctuantes que no permiten programar un ritmo de crecimiento anual constante para el fondo antidesastres.

Esta era el estado de cosas cuando llegó Otis a Guerrero, el pasado 25 de octubre, con los efectos devastadores que han puesto en jaque la principal actividad económica de Acapulco, la capital económica del estado, que es el turismo.

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Guerrero solo tiene 50 mdp en su bolsa estatal para desastres naturales, conforme a la LDF, y otra monto de 50 mdp de otra bolsa estatal conocida como Fondo Solidario de Contingencias Naturales (Fonsol), advierte Moody’s Local México.

En estas condiciones, “Guerrero muy probablemente seguirá dependiendo de transferencias federales dada la magnitud del desastre natural. También es muy probable que Guerrero tendrá que tomar créditos de corto plazo adicionales en el cuarto trimestre de 2023 para cubrir el mayor gasto por el huracán”, agregó el reporte.

Frente a la experiencia del huracán Otis, el gobierno federal y los gobiernos locales tendrán que encontrar soluciones sustentables para generar los recursos financieros necesarios encaminados a pagar los gastos por los desastres naturales, dado que son fenómenos recurrentes en el país.

De lo contrario, los gobiernos locales enfrentarán problemas de liquidez y se verán en la necesidad de adquirir endeudamiento adicional, que pondrá en aprietos a sus frágiles finanzas estatales y municipales, concluyó Moody’s Local México.

GC