Diputados de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022).

Lo anterior, toda vez que consideran que transgrede el principio de progresividad, incorporado en el artículo 1 constitucional en la reforma de 2011, que tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.

“El presupuesto, tal y como se aprobó, transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”, señalaron los diputados Jorge Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira Valdez del PRI, y Luis Espinosa Cházaro del PRD.

Los legisladores, que son los coordinadores de Va X México en la Cámara de Diputados, abundaron que dentro de los programas eliminados hay algunos que están destinados a la protección de las y los mexicanos en sus derechos, pues “permitían avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, de salud, fortaleciendo el federalismo, y la protección a la mujer”.

“El problema es que con este presupuesto de egresos se están afectando estos derechos”, mencionaron los diputados, quienes, para ejemplificar, mencionaron el caso del sector salud, donde el Insabi sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios. Mismos que sí se tenían con el seguro popular.

Otros de los programas a los que se refieren en su acción inconstitucionalidad es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos, que “muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado”.

En educación, acusaron que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.

“Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros”, como “los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia”, en donde el PEF 2022 determina menos recursos.

Según los legisladores, las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad, que, tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.

Respecto al mandato de no regresividad, explicaron que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

En tanto al mandato de progresividad, mencionaron que se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos.

“En ambos casos, el PEF 2022 aprobado está siendo violatorio. Por ello, las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

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“Este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato”, concluyeron.

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