La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2026, al ubicarlo en 1.4%, desde el 1.2% estimado en diciembre pasado. El repunte se daría después de que en 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) avanzara apenas 0.7%.

Para 2027, el organismo prevé que el PIB alcance un crecimiento de 1.7%, de acuerdo con el Estudio Económico sobre México 2026.

Según el documento, la revisión obedece a que la economía mexicana “ha demostrado resiliencia, pese a la incertidumbre y a las tensiones comerciales, gracias a la solidez de sus fundamentos macroeconómicos”.

En su análisis, la OCDE señala que durante este año el consumo privado se mantendrá sólido, apoyado por bajos niveles de desempleo y una inflación en descenso. Las proyecciones apuntan a que la inflación bajará a 3.6% en 2026 y a 3.2% en 2027, cifra cercana al punto medio del rango objetivo del banco central, fijado en 3%.

En cuanto a la inversión privada, el organismo estima que se beneficiará gradualmente de la reducción en las tasas de interés, aunque advierte que “seguirá limitada por la alta incertidumbre política interna y global”. Por su parte, la inversión pública permanecería moderada, en línea con los esfuerzos para disminuir el déficit fiscal.

Durante la presentación del informe en Ciudad de México, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, subrayó que “México posee un historial acreditado de finanzas públicas saneadas. La consolidación fiscal en curso debería mantenerse y la eficiencia del gasto debería reforzarse para salvaguardar el margen fiscal destinado a inversiones clave en educación y digitalización”, acto en el que participó el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Respecto al sector externo, el estudio anticipa que las exportaciones, que fueron un motor relevante en 2025, enfrentarán un entorno menos favorable debido a los aranceles comerciales de Estados Unidos y a la elevada incertidumbre global. Tanto la inflación general como la subyacente continuarían disminuyendo de forma gradual.

La OCDE advierte que las perspectivas de crecimiento e inflación están sujetas a riesgos sustanciales. El escenario base contempla una desaceleración de la economía estadounidense; sin embargo, un enfriamiento más profundo podría afectar con mayor intensidad la demanda externa y las exportaciones mexicanas.

Asimismo, cambios adicionales en la política comercial podrían incrementar la incertidumbre y tener efectos adversos sobre la inversión y la confianza del consumidor. A ello se suma la posibilidad de un aumento en la aversión al riesgo global y episodios de volatilidad cambiaria, factores que podrían elevar los costos de financiamiento soberano y propiciar salidas de capital.

“Sin embargo, la sólida posición externa de México, respaldada por una deuda externa moderada, amplias reservas de divisas, una balanza de cuenta corriente sostenible y un sector financiero bien capitalizado, proporciona importantes amortiguadores para absorber estos shocks”, apuntó la OCDE.

El organismo también identificó otros factores que podrían modificar el panorama, como desastres naturales y una eventual escalada de la violencia relacionada con el narcotráfico.

En el terreno positivo, la Organización considera que una reducción de la incertidumbre —por ejemplo, mediante una renegociación rápida y exitosa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá con Estados Unidos y Canadá— podría impulsar la inversión y las exportaciones por encima de lo previsto.

De igual forma, un aumento de aranceles estadounidenses a competidores como economías asiáticas podría acelerar la relocalización de procesos productivos hacia México, fortaleciendo la inversión y el comercio exterior más allá del escenario central.

El informe enfatiza que las políticas públicas deben orientarse a garantizar la sostenibilidad fiscal y acelerar el crecimiento potencial mediante reformas que eleven la productividad y reduzcan la informalidad.

“México necesita una consolidación fiscal gradual y sostenida para garantizar la sostenibilidad y reconstruir los márgenes fiscales tras el elevado déficit registrado en 2024, apoyándose en un gasto mejor focalizado y en la optimización de los ingresos. Un enfoque más estratégico de la planificación y priorización del gasto debería sustentarse en un marco fiscal de mediano plazo más sólido y en un uso más sistemático de revisiones del gasto y análisis de costo-beneficio”, detalla el Estudio.

Cormann añadió que se requieren reformas ambiciosas “para sentar las bases de un crecimiento más sólido y resiliente a largo plazo, incluidas reformas que promuevan la competencia en el sector de las telecomunicaciones para acelerar la digitalización, así como mejoras en el sistema educativo para fortalecer el desarrollo de habilidades y ampliar las oportunidades de empleo formal”.

Lo anterior, porque “la transformación digital tiene el potencial de estimular la inversión y la productividad necesarias para impulsar el crecimiento”.

“Para materializar ese potencial, México debe establecer un marco regulatorio que fomente la competencia en el sector de las telecomunicaciones, garantizar la independencia del regulador y avanzar en el gobierno digital para ampliar la cobertura, fomentar la innovación y mejorar la prestación de servicios”, indicó la organización.

Sobre la informalidad laboral, la OCDE destacó que en México se mantiene elevada, con algo más de la mitad del empleo fuera del sector formal, por lo que reducirla implica fortalecer las habilidades de la población, dada la estrecha relación entre bajos niveles educativos y empleo informal.

Finalmente, el organismo subrayó que el país es altamente vulnerable al cambio climático, por lo que la adopción de un plan nacional integral de adaptación fortalecería la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

“Contar con mejor información sobre la disponibilidad y el uso del agua contribuiría a garantizar un acceso fiable y sostenible para los hogares y las empresas”.

“Un aumento sustancial de la inversión privada, respaldado por un marco regulatorio claro y estable que proporcione certidumbre a largo plazo, ayudaría a México a alcanzar su objetivo de que el 38.5 % del suministro eléctrico provenga de fuentes limpias para 2030, mientras que la modernización y ampliación de la red eléctrica contribuiría a atender el aumento de la demanda”, concluyó.

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