El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que es esencial evaluar los estímulos fiscales que el gobierno implementó con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, a fin de conocer si otorgan más beneficios que afectaciones.
En octubre pasado, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) incentivos fiscales sobre la inversión de activo fijo que realicen empresas exportadoras. Para el CIEP, éstos implican renuncias recaudatorias y menores ingresos fiscales en el corto plazo.
En el documento titulado “Incentivos para impulsar la inversión directa: Consideraciones fiscales y económicas”, la organización civil resaltó que el espacio fiscal para 2024 se redujo a menos de la mitad, -a 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando en 2019 era de 2.8%-, por lo que el margen de maniobra sobre los recursos de libre disposición es cada vez menor.
Bajo este contexto, advirtió que mayores incentivos fiscales podrían disminuir la recaudación por ISR de grandes contribuyentes en sectores como energía, agricultura y manufactura, actividades que representan 23.8% de dicha recaudación sobre personas morales.
Para 2024 estima que la recaudación de ISR a personas morales sea de 4.0% del PIB y 27.9 % de los ingresos tributarios.
“Dado que la deducción inmediata representaría un gasto fiscal, es necesario analizar la situación recaudatoria y el posible impacto que podrían tener las medidas”, apuntó.
Por otro lado, el CIEP subrayó que, si bien se espera que la inversión extranjera directa (IED) tenga un impacto positivo en el crecimiento económico, persisten dudas sobre la magnitud de dicho impacto, pues México ha recibido este tipo de inversiones desde hace décadas.
“Dado que los incentivos son sobre empresas exportadoras, el impacto económico dependerá de la habilidad de nuevas empresas mexicanas de integrarse a las cadenas de valor globales. Para esto, se requiere de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones del propio sector privado”, mencionó.
Aunque se espera que la inversión genere empleos y fortalezca las cadenas de suministro, el CIEP resaltó que persisten dudas sobre el nivel salarial, capacitación de la mano de obra nacional, impacto en la economía local y la derrama económica en general.
“Para conocer el impacto económico y social de la medida fiscal, se requieren métodos de evaluación y acceso a la información sobre la inversión, salarios, empleos, ingresos regionales, entre otras.
“A su vez, estos beneficios deberían ser comparados con el nivel de renuncias recaudatorias generadas por el incentivo fiscal. En un entorno con menores recursos disponibles, evaluar el nivel de gastos fiscales respecto a los beneficios sociales y económicos es una responsabilidad pendiente”, concluyó.
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