El gobierno federal continúa con la supervisión y auditorías de empresas para verificar el correcto cumplimiento de la reforma en materia de subcontratación de personal y que consistió en eliminar esta figura de la ley, para sustituirla por la de prestación de servicios u obras especializadas, misma que solo puede autorizarse de manera restringida el sector privado y las instituciones públicas.
Desde abril de 2021, cuando entró en vigor la reforma, se han cancelado 1,755 registros de personas físicas y morales que se dieron de alta en el Padrón Público de Contratistas de Servicios u Obras Especializadas (Repse), por cometer diversas irregularidades y que implican un uso indebido de la figura de prestación de servicios y obras especializadas, por lo que se han generado multas por más de 27 millones de pesos (mdp).
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Asimismo, se han aplicado sanciones a los particulares que se beneficiaron de los servicios de esas empresas registradas en el Repse, informaron en un comunicado conjunto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La reforma sobre subcontratación laboral prohíbe que se contrate por medio de terceros a personas que se desempeñen en las actividades preponderantes o que constituyan el objeto social de la organización, ya que en opinión de la autoridad de esta manera se evade la relación laboral directa que debe reconocerse entre el trabajador y la empresa que se beneficia de sus servicios.
Con la reforma de 2021 se permite que las organizaciones, públicas o privadas, contraten a proveedores externos pero únicamente para satisfacer necesidades complementarias o muy específicas, como aseo de interiores, reparación o decoración de inmuebles, mantenimiento de maquinaria o asesoría en tecnologías de la información, entre otros ejemplos.
Las compañías que quieran operar como prestadoras de servicios externos de otras empresas o del gobierno tendrán que darse de alta en el Repse y estar al corriente en el pago de sus impuestos, así como de las obligaciones fiscales y laborales que tengan con su propio personal.
La autoridad tiene que verificar que efectivamente la empresa proveedora de servicios no “presta” a sus trabajadores a otra compañía, para que se desempeñen laboralmente allí, como ocurre con el esquema clásico de subcontratación de personal o outsourcing. Además, los servicios tienen que ser distintos a la actividad preponderante de la empresa que solicita el apoyo.
Desde que entró en vigor, las autoridades han supervisado el correcto cumplimiento de esta legislación, en aras de que la figura de prestación de servicios y obras especializadas se aplique conforme a la ley. Con el tiempo, se han identificado casos de empresas que incurren en falta, entre los que se ha mencionado a hoteles que insisten en subcontratar personal, como recamareros y cocineros, pero ahora bajo la figura de servicios y obras especializadas.
Las autoridades igualmente han encontrado incumplimientos en las actividades agrícolas.
De ahí que, en sus inspecciones y auditorías, las autoridades federales han encontrado diversas irregularidades y han aplicado sanciones, ya que el mal uso de la figura de servicios y obras especializadas puede dar lugar a la evasión de impuestos, el impago de cuotas obrero-patronales a la seguridad social y la violación de los derechos laborales.
“Adicionalmente a las cancelaciones, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la STPS han procedido bajo mecanismos de intercambio de información para continuar con la programación y vigilancia del incumplimiento en la materia, por lo que más de 33,000 constancias de registros se encuentran en investigación”, agregó el comunicado.
En el caso de conocer una situación específica de centro de trabajo que aplique indebidamente la figura de prestación de servicios y obras especializada, los trabajadores o las personas interesadas podrán presentar un reporte ante el Centro de Mando de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, en el número 5530002700 ext. 65338, 65354 y 65314, o bien al correo [email protected]
GC
