La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso a la empresa Corporativo Mexicano Revelor una multa por 953 mil 556 pesos, además de una inhabilitación por 21 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
La sanción fue determinada a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo, luego de que la compañía proporcionó información falsa y actuó con dolo en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-018T0O004-E185-2021, relacionada con la contratación de los “Servicios de documentación audiovisual de los trabajos de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas”.
En un comunicado, la dependencia detalló que la empresa presentó cuatro escritos y una orden de compra con el propósito de acreditar experiencia y el cumplimiento de contratos previos; sin embargo, dichos documentos no fueron reconocidos por su emisor, situación que indujo al error a la convocante, la cual consideró que la firma cumplía con los requisitos establecidos.
“Además, actuó con mala fe en la celebración y vigencia del pedido contrato 20212000395, porque conociendo lo anterior, disimuló ante la convocante lo que permitió que resultara adjudicada, prestara el servicio y recibiera el pago correspondiente”, aseveró la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La dependencia indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 12 de mayo de 2026, mientras que su publicación apareció este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, precisó que Corporativo Mexicano Revelor ya fue incorporada al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrá participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México mientras permanezca vigente la inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución. No obstante, advirtió que, en caso de presentarse un recurso, defenderá la sanción por considerar que fue impuesta conforme al marco legal y en protección del interés público.
“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, concluyó la dependencia.
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