La agencia calificadora Moody’s recortó su perspectiva de crecimiento para la economía mexicana de 6.1% a 5.5% para el cierre de 2021, luego de la desaceleración que mostró en el tercer trimestre del año; y también advirtió sobre los riesgos que representa para el crecimiento y la calificación crediticia del gobierno federal el proyecto de reforma eléctrica.
La agencia hizo ver que el Producto Interno Bruto de México (PIB) mostró en los dos últimos trimestres de 2020 y los primeros dos de 2021 un proceso de recuperación, tras el impacto de la pandemia del Covid-19, gracias al comportamiento positivo de la industria manufacturera y de las exportaciones de bienes, ante una mayor demanda en Estados Unidos.
Sin embargo, “el crecimiento económico ha desacelerado significativamente por limitaciones en el suministro de bienes e insumos y, especialmente en el tercer trimestre, por el surgimiento de nuevos brotes de Covid-19 que provocaron una reducción en los servicios personales”, refirió Moody’s en el reporte “Opinión crediticia sobre el gobierno de México”.
Como se informó en su oportunidad, el PIB retrocedió 0.2% en el tercer trimestre comparado con el segundo trimestre de 2021.
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La agencia también recordó que en la primera parte de 2021, el país tuvo dificultades con la provisión del gas natural y de electricidad, lo que igualmente afectó a las actividades productivas.
De modo que, en opinión de Moody’s, el país recuperará sus niveles de crecimiento prepandamia hasta fines de 2022 o bien a principios de 2023. La expectativa de crecimiento económico para 2021 se mantiene en 3%.
Riesgos crediticios por la reforma eléctrica
Por otro lado, la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador está encaminada a fortalecer el papel de las empresas del estado en el sector por encima de las empresas privadas, de modo que el proyecto plantea riesgos crediticios tanto para las compañías privadas como para el mismo gobierno mexicano, consideró Moody’s.
En un reporte sobre México, la calificadora comentó que la iniciativa de reforma eléctrica –que tiene carácter constitucional y se encuentra en manos del Poder Legislativo— tendrá como resultado una menor inversión en proyectos productivos, con una consecuente afectación en las perspectivas de crecimiento económico del país.
Lo anterior, debido a las crecientes preocupaciones que despertará en la comunidad de inversionistas la estabilidad del marco regulatorio mexicano.
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La iniciativa de reforma, tal como está redactada, erosionará el marco institucional del país al remover a los organismos reguladores independientes –Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE)—, así como al eliminar el mecanismo de fijación de precios de la electricidad que se sustenta en criterios de mercado, agregó Moody’s.
Pero algo que también implicará un grave riesgo para el perfil crediticio del gobierno mexicano radica en que es altamente probable que la administración central deba proporcionar mayor apoyo financiero a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), en aras de que esta pueda suministrar la energía eléctrica suficiente que requiere la población.
Es pertinente recordar que la CFE enfrenta problemas financieros, de ahí la necesidad de que el gobierno mexicano tenga que aportar recursos económicos a la compañía, en detrimento de las finanzas públicas, agregó Moody’s.
“El debate político de la reforma está por empezar y sin quedar claro cuáles serán los tiempos límite para la discusión. Aunque no podemos descartar que la propuesta se aprobará como fue presentada, este no parece ser el escenario más probable porque se requiere una mayoría calificada (tres partes del Congreso) y el gobierno y su coalición legislativa solo tienen una mayoría simple”, comentó la calificadora.
GC
