Moody’s dio su visto bueno a la propuesta acordada entre el gobierno federal y la iniciativa privada para reformar el sistema de pensiones. 
“De ser aprobada por el Congreso, la reforma pesaría de manera positiva en el balance crediticio para administradoras de fondos de pensiones o administradoras de fondos para el retiro [Afores], ya que afirma la continuidad de la industria al remover la amenaza de su nacionalización que fue propuesta por algunos legisladores”, apuntó la calificadora crediticia en un comentario emitido el lunes. 
Añadió que, de concretarse, la reforma terminará beneficiando a 67 millones de trabajadores que ya tienen cuenta de ahorro y podría expandir la base de personas elegibles para una pensión mínima garantizada.  El gobierno federal y la IP presentaron y firmaron la semana pasada un acuerdo para reformar el sistema de pensiones del país. Aunque todavía quedan detalles por afinar, la iniciativa cuenta con un marco general con cambios que han sido aplaudidos tanto por el sector público como por el privado.  Las contribuciones totales pasaran de 6.50% a 15.0%; la aportación de los patrones pasará de 5.15% a 13.87%; y las semanas de cotización necesarias serán reducidas de mil 250 a 750.   A pesar de que la reforma es considerada como un logro en lo general, hay detalles que preocupan a algunos analistas. Moody’s, por ejemplo, señaló que, al expandir la base de posibles pensionados, la presión sobre las finanzas públicas podría aumentar. 
“La reforma tiene el potencial de disminuir las presiones sociales a futuro del gobierno complementando el sistema de contribuciones, reduciendo sus responsabilidades fiscales […] Sin embargo, la reforma expande la base elegible para una pensión mínima garantizada, arriesgando la suma de otras presiones a las finanzas públicas”, apuntó. 
Carlos Noriega Curtis, jefe de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consideró la posibilidad de que el fisco resienta la reforma durante el primer año, mas descartó que las presiones persistan en años subsecuentes. 
“Conforme avancen los años y el ahorro sea mayor, ya no habrá necesidad, de manera que no es una oferta que esté fuera de la realidad que comprometa a las finanzas públicas”, comentó el viernes durante un semanario virtual. 
Otros analistas apuntaron que la mayor presión sobre los patrones podría tener efectos adversos sobre el empleo formal y el proceso de recuperación de este una vez que se supere la crisis del coronavirus. No obstante, la propuesta contempla un período de gracia de dos años para los empleadores, y apunta a que el aumento en las aportaciones de estos se haga de manera gradual a lo largo de ocho años.    Te puede interesar: Descarta IP golpe a salarios por reforma a sistema de pensiones cach