Las empresas enfrentarán un escenario desafiante en México en 2024, no solo por las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés, derivado de las políticas monetarias restrictivas, sino también porque la presente administración federal estará en su último año de gobierno.
Con miras a las elecciones presidenciales del próximo año, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hará un esfuerzo por concluir las obras de infraestructura y proyectos prioritarios de este sexenio, lo que puede representar una “intervención” oficial en las empresas vinculadas con esas labores, advirtió la agencia calificadora Moody’s Investors Service.
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En su reporte “Empresas no financieras— América Latina y el Caribe. Perspectiva de 2024: negativa debido a tasas altas, crecimiento lento y precios contenidos de los commodities”, la agencia advirtió que las prisas por concluir las obras y proyectos puede provocar que el gobierno mexicano emprenda cambios regulatorios y que haga intervenciones en el sector privado.
“El riesgo se intensificará a medida que el gobierno se apresure a completar sus proyectos emblemáticos y acelere los procesos administrativos, incluyendo el Tren Maya, la Refinería Olmeca o Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”, refirió Moody’s.
“Esta aceleración aumenta el riesgo de intervención del gobierno, como la revocación de las concesiones de las empresas cuando están relacionadas con dichos proyectos”, agregó el reporte.
Lo anterior enviará una mala señal al sector privado, porque esas posibles reacciones del gobierno de López Obrador corren el riesgo de “enfriar aún más la confianza de los inversionistas” en el país.
“Militarización” de la economía, mala señal
Este escenario tiene como antecedente la serie de disposiciones que el gobierno mexicano ha tomado en materia económica a lo largo del sexenio, que han afectado a ramas de actividad específicas y que han debilitado la confianza de la inversión.
Un ejemplo es la industria minera, luego de la aprobación en abril pasado, de una reforma que redujo las concesiones mineras de 50 a 30 años, entre otros cambios.
Si bien estos cambios regulatorios no tendrán efectos inmediatos para las empresas mineras, sí tendrán repercusiones para los proyectos futuros que operarán bajo las nuevas reglas, mismos que pueden ver reducida su rentabilidad respecto a lo originalmente estimado.
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Otro acontecimiento que ha causado incertidumbre en el sector privado es la transferencia de varios negocios y proyectos de infraestructura a las fuerzas armadas, que antes de la presente administración no tenían un papel relevante como agente económico.
Al presente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene a su cargo los aeropuertos Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de Tulum, así como el Tren Maya, entre otras instalaciones estratégicas; mientras que la Secretaría de Marina (Semar) tiene bajo su administración el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el CIIT, así como el centro turístico Islas Marías.
Moody’s considera que el Poder Judicial y el Congreso de la Unión pueden revisar la validez constitucional de esta ampliación de facultades de las fuerzas armadas, con lo que “se limitaría en última instancia las medidas que excedan los marcos legales”.
Nuevo gobierno, la esperanza de un cambio de rumbo
Los cambios regulatorios y las decisiones de política económica del gobierno mexicano que refuerzan la incertidumbre en lugar de infundir confianza del sector privado jugarán en contra de la economía mexicana, que pretende beneficiarse ampliamente del proceso internacional de relocalización de empresas o “nearshoring”, advirtió Moody’s.
Además, las limitaciones de México en materia de infraestructura –vialidades terrestres, líneas férreas, agua y energía eléctrica, principalmente— también constituyen un factor limitante para atraer inversión nacional y extranjera en proyectos productivos.
“Las elecciones de 2024, incluyendo las presidenciales en México, podrían cambiar las prioridades en materia de políticas públicas con un cambio de gobierno y ofrecerían la oportunidad de tener políticas más favorables para la inversión en sectores como la energía eléctrica y las energías renovables”, dijo Moody’s.
GC
