Ricardo Monreal Ávila –presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores— llamó este sábado a los funcionarios y trabajadores de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comportarse con “prudencia” en el contexto del debate por la reforma constitucional en materia eléctrica.
“Las personas servidoras públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas”, escribió el legislador a través de su cuenta de Twitter.
A nombre de los legisladores, Monreal Ávila hizo un ofrecimiento: “Actuaremos con responsabilidad y congruencia”, para analizar y en su caso aprobar la iniciativa de reforma eléctrica, misma que fue entregada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los comentarios de Monreal Ávila –también líder del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara alta— se presentan a un día de que el director de la CFE, Manuel Barlett Díaz, dijera públicamente que el gobierno no pagará indemnizaciones a las empresas privadas que se vean afectadas por la eventual aprobación de la reforma eléctrica que, entre otros aspectos, prevé la cancelación de contratos de negocios entre la CFE y los privados.
“Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar); ya se acabaron”, dijo Manuel Bartlett este viernes en una conferencia de prensa. “No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México. Entonces, eso de que los vamos a indemnizar, no”, agregó el funcionario.
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Bartlett Díaz aseguró que una reforma constitucional, como la que envió López Obrador hace más de dos semanas al Congreso, sí tiene posibilidades de ser retroactiva.
Los comentarios del funcionario contrastan con lo que han dicho en los últimos días organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la American Chamber of Commerce (AmCham) México, en el sentido de que la reforma a la industria eléctrica cambia por completo el esquema de operación con el que ingresaron inversionistas mexicanos y extranjeros al mercado eléctrico nacional, lo que constituye un incumplimiento de contrato que es jurídicamente combatible.
Además, los organismos empresariales han insistido en que la reforma eléctrica viola el contenido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El CCE ha dicho que están en riesgo inversiones privadas por 44,000 millones de dólares (mdd) y que además la eventual cancelación de los contratos con los particulares ocasionará demandas en México, arbitrajes internacionales o paneles de controversias conforme a las reglas del T-MEC, que implicará para el gobierno federal el pago de costosas indemnizaciones para los inversionistas.
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Incluso, Citibanamex estimó en un análisis que la reforma eléctrica puede generar indemnizaciones por 85,000 mdd para compensar a los privados.
En su defensa del proyecto de ley, Barlett Díaz dijo que los nuevos planteamientos para la operación de la industria eléctrica sí son convenientes para las empresas privadas, porque se les permitirá una participación de hasta 46% en el sector.
GC
