La calificadora de riesgo Moody´s indicó que las empresas mineras Industrias Peñoles, Fresnillo Plc y Minera Frisco están bien posicionados para absorber los efectos potenciales que traerían las modificaciones propuestas por Morena a la ley minera. A través de una nota de prensa, la agencia apuntó que aunque es demasiado pronto para hacer una evaluación concreta de las posibles implicaciones crediticias, las firmas antes mencionadas pueden enfrentar sin problema los cambios, debido a su “enfoque existente en mantener buenas relaciones con las comunidades”.
“Aún es demasiado pronto para evaluar el impacto total de estas propuestas, dado que todavía podría haber enmiendas y aún nos faltan algunos detalles para cuantificar los efectos, pero creemos que las compañías mineras calificadas están en una buena posición para mitigar los efectos potenciales”, expuso en el análisis.
Subrayó que, durante años, tanto Peñoles, como Fresnillo y Minera Frisco se han centrado en el desarrollo sostenible, y que han implementado iniciativas para minimizar su impacto en las comunidades locales, de ahí que pueden enfrentar los efectos de la reforma de ley. Moody´s retomó el texto presentado el 20 de noviembre por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, a través de Angélica García Arrieta, en donde se propone un paquete de reformas que, de ser aprobadas, “generarían un aumento en la carga regulatoria sobre las compañías mineras en México, incluido el requisito de realizar consultas con las comunidades antes de obtener nuevas concesiones mineras”.
“Esto probablemente haría que el proceso de aprobación de nuevos proyectos sea más desafiante y prolongado”.
Las modificaciones también plantean la posibilidad de que se cancelen las concesiones y asignaciones existentes en ciertas circunstancias, que aún no se han determinado completamente. El proyecto de ley también aborda el impacto social de la industria y otorga a la Secretaría de Economía, que regula el sector minero mexicano, nuevos poderes para evaluar y supervisar los impactos sociales. Se propone además una consulta con las comunidades antes de que se apruebe cualquier nueva concesión minera, ejercicio que ya se hace en otros países, incluido Perú, donde las consultas entraron en vigor en 2012.
“Estas consultas pueden llevar tiempo y retrasar los proyectos mineros, lo que también aumenta la incertidumbre con respecto a la posible aprobación de la concesión”.
Cabe mencionar que las compañías mineras también tendrían que preparar un informe anual sobre el impacto social de sus actividades y dirigir los fondos a las comunidades que rodean sus operaciones en áreas como salud, educación y trabajo.
“El impacto de este requisito no está claro en este momento porque aún no se han determinado los montos que se asignarían. Además, desde 2014, las empresas del sector han estado pagando impuestos especiales a la minería, de los cuales 80% contribuye al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero), dedicado a la financiación de proyectos para las comunidades y municipios donde existen operaciones mineras. En 2017, el fondo totalizó alrededor de 3.7 billones de pesos
El incumplimiento de los nuevos requisitos en la ley propuesta podría eventualmente resultar en la cancelación concesiones. Te puede interesar: Mineras están mejor preparadas para enfrentar nueva regulación: Intercam ERC