México necesita acelerar la consolidación fiscal, impulsar el crecimiento económico y corregir los problemas operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para estabilizar la deuda pública y abrir la posibilidad de mejorar su calificación crediticia, señaló Todd Martínez, director senior de Fitch Ratings para América Latina.

En entrevista para Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, apuntó que aunque la calificadora mantiene una perspectiva estable para México, ve más fácil un escenario de presión a la baja que una mejora de la nota soberana en los próximos años, debido a los desafíos fiscales y a la falta de condiciones para impulsar un crecimiento económico sostenido.

“Es algo más fácil imaginar un escenario de presión a la baja en la calificación. Y mientras tanto, vemos bastante cuesta arriba que México mejore su calificación en los próximos años”, afirmó.

Martínez explicó que Fitch consideraría aumentar la calificación de México si el país logra un mayor crecimiento económico, una consolidación fiscal compatible con una trayectoria descendente de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y un viraje operativo en Pemex, aunque destacó que el crecimiento es la piedra angular de ese escenario.

Sobre las finanzas públicas, el analista hizo una evaluación positiva del Paquete Económico 2027, principalmente porque utiliza supuestos económicos más realistas que los de presupuestos anteriores e incorpora un cambio en la estrategia de consolidación fiscal, con una mayor participación de los ingresos públicos en el ajuste.

Explicó que, en años anteriores, el gobierno dependía de la reducción del gasto para mejorar las cuentas públicas, pero consideró que ese margen prácticamente se agotó, por lo que la consolidación fiscal tendrá que apoyarse en una mayor recaudación.

El presupuesto plantea un incremento de alrededor de 0.4 puntos del PIB en la carga tributaria, mediante limitaciones a las exenciones tributarias de las empresas, lo que daría espacio para aumentar el gasto y contribuiría a una mejora fiscal de 0.2 puntos del PIB.

Sin embargo, Martínez consideró que ese avance es insuficiente para estabilizar la deuda pública, pues Fitch estima que México necesita reducir el déficit fiscal a 2.5% del PIB, mientras que la mejora prevista llevaría el indicador a 3.9%.

“Eso es una consolidación muy lenta”, afirmó, al señalar que, con ese ritmo de ajuste, México tardaría entre siete y ocho años en alcanzar el nivel de déficit necesario para estabilizar la deuda.

A este desafío se suma que parte de la mejora fiscal prevista para 2027 será transitoria, debido a la incorporación de ingresos de una sola vez y a un nuevo esquema de inversión en infraestructura estratégica para el Desarrollo con bienestar, que posterga hacia el futuro el impacto fiscal de esos proyectos.

Por ello, el directivo advirtió que después de 2027 el gobierno necesitará un nuevo esfuerzo fiscal simplemente para evitar que el déficit aumente, así como uno mayor si busca reducirlo, lo que ejercerá más presión sobre las finanzas públicas en los años siguientes.

Ante este panorama, consideró que sería preferible establecer un plan creíble de mediano plazo para alcanzar un déficit sostenible, en lugar de anunciar nuevas medidas de recaudación cada año sin precisar cuáles serán ni a quiénes afectarán, pues esa incertidumbre podría perjudicar al sector empresarial y desincentivar la inversión.

“Todavía pensamos que una reforma fiscal integral sería la mejor noticia para las finanzas públicas de México, pero por ahora vemos poco, poco apetito todavía”, señaló.

En cuanto a Pemex, Martínez afirmó que Fitch no observa un cambio de estrategia en la empresa, a diferencia de lo que identifica en las finanzas del gobierno central, y señaló que la petrolera continúa enfocada en la refinación, actividad en la que ha enfrentado problemas y que considera menos rentable que la exportación.

“Así que no tenemos muy claro cómo esa empresa va a revertir sus problemas operativos”, indicó al explicar los factores que mantienen los desafíos de la petrolera en la evaluación de la calificadora.

El crecimiento económico es otro de los elementos que determinarán la trayectoria de la calificación soberana, pues Martínez sostuvo que no bastaría con que México registre uno o dos años de buenos resultados, sino que Fitch necesitaría tener confianza en que una expansión más sólida se convertirá en una tendencia sostenida.

Entre los factores que podrían contribuir a ese escenario mencionó el avance del Plan México, la capacidad de atraer inversión privada y la llegada de proyectos vinculados con el nearshoring, aunque señaló que la calificadora no tiene confianza en que estos elementos permitan llevar el crecimiento muy por encima de 2%.

A ello se suma la incertidumbre relacionada con las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como los cambios en las reglas del juego derivados de la reforma judicial y la eliminación de organismos autónomos, que podrían impedir un aumento significativo de la inversión, aunque Fitch no espera necesariamente un desplome de esta.

Sobre los riesgos para la calificación, Martínez señaló que la principal preocupación es que México mantenga un crecimiento moderado que no consiga mejorar el bienestar de la población, pues esto complicaría la recaudación y la consolidación fiscal, además de mantener la deuda pública en una trayectoria ascendente.

El directivo añadió que Fitch no considera muy probable una ruptura del T-MEC ni un choque interno, y tampoco observa que el gobierno busque presionar al Banco de México para reducir las tasas de interés o permitir que el déficit fiscal aumente considerablemente, debido a las consecuencias que eso tendría para la inflación y la moneda.

Martínez aclaró que la calificadora no establece un umbral de deuda respecto al PIB a partir del cual México perdería el grado de inversión, aunque advirtió que el país tiene poco margen por encima de 55% del PIB, nivel al que hizo referencia durante la entrevista.

Por ello, Fitch estará atenta a la capacidad del gobierno para cumplir su meta de déficit fiscal de 3.9% del PIB en 2027 y, sobre todo, a los planes para acelerar la consolidación fiscal en los años posteriores.

En su comparación con otros países con grado de inversión, Martínez explicó que la deuda del gobierno general de México equivale a 45% del PIB, por debajo de la mediana de 58% de la categoría BBB, aunque mantiene una trayectoria ascendente.

En contraste, el pago de intereses consume 17% de los ingresos públicos mexicanos, frente a 9% de la mediana de esa categoría, una diferencia que, de acuerdo con el analista, refleja la importancia de fortalecer la recaudación.

“La deuda no se paga con PIB, se paga con ingresos”, subrayó.

Como otra fortaleza, destacó que la proporción de deuda denominada en moneda local de México es de alrededor de 15%, una de las más bajas de la categoría BBB, según explicó durante la entrevista. Este factor reduce la exposición al riesgo cambiario y refleja la profundidad del mercado financiero local, que podría permitir al país financiar una proporción todavía mayor de su deuda en moneda nacional en los próximos años.

Martínez concluyó que, aunque México conserva fortalezas frente a otros países con grado de inversión, necesita cuidar sus finanzas públicas para mantener esa posición, pues contar con una economía grande, un mercado de capitales profundo y un banco central independiente no garantiza por sí solo la estabilidad de la calificación soberana.

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