México ganó el arbitraje internacional iniciado por Doups Holdings LLC, empresa que en 2022 reclamó más de 600 millones de pesos al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En un comunicado, la Secretaría de Economía precisó que el Tribunal Arbitral determinó que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones de la empresa y desestimó el arbitraje en su totalidad.

La controversia fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.

Doups argumentó ser un inversionista estadounidense que, a través de la empresa mexicana Pagomet, contaba con concesiones para la instalación y operación de parquímetros en Ciudad de México.

La reclamación se originó por la supuesta afectación a las inversiones de Doups derivada de la revocación de esas concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Desde el inicio del arbitraje, México sostuvo que la reclamación presentaba deficiencias relacionadas con la conformación de la empresa filial que aparentemente había sufrido los daños, así como con la nacionalidad y el control de dicha filial.

La defensa del país también se enfocó en los requisitos procesales necesarios para acceder al arbitraje, con el argumento de que las reclamaciones de Doups presentaban deficiencias que impedían al Tribunal Arbitral resolver la controversia al amparo del TLCAN.

El Tribunal Arbitral resolvió el caso a favor de México y determinó que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones presentadas por Doups, por lo que desestimó el arbitraje en su totalidad.

Entre otros aspectos, el tribunal concluyó que la empresa había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet y no podía reclamar sus pérdidas como propias.

También determinó que la empresa incumplió requisitos indispensables previstos en el TLCAN antes de iniciar un arbitraje.

Así, el Tribunal Arbitral ordenó a la empresa pagar a México más de un millón de dólares por concepto de gastos y costos.

La Secretaría de Economía señaló que el resultado del arbitraje confirma la solidez de la defensa jurídica del Estado mexicano, encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

Durante el procedimiento también se contó con el apoyo institucional de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

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